Durante el tiempo transcurrido desde entonces, ninguno de ellos ha logrado recolocarse en otros trabajos, como tampoco lo han podido hacer los empleados que declinaron aceptar el traslado forzoso, a cambio de una indemnización de 20 días por año trabajado. Todo ello, excepción hecha de una azafata, que ya antes del anuncio de traslado tenía apalabrado un contrato con otra naviera.
Un portavoz de los trabajadores relató alguno de los casos de sus compañeros, como el de un oficial de los de mayor responsabilidad dentro del barco, a quien le habrían ofrecido pasar a la empresa Baleària renunciando al convenio suscrito para la zona del Estrecho con el que estos empleados venían de Buquebús.
“Eso fue lo peor que pudo hacer este compañero”, relató este empleado, dado que “antes de un mes, ya lo habían echado por incompetencia con cinco días por año trabajado”.
Según indicó este ex trabajador, actualmente quedan trabajando en Denia al menos dos oficiales, dos jefes de máquinas, un piloto y varios marineros, que, en base a estas fuentes, “lo están pasando muy mal porque están muy mal vistos por el resto de la tripulación”, dados sus privilegios salariales con respecto a los demás, “no les dan confianza para realizar sus tareas y han estado poco menos que como pasajeros dentro del barco”.
Respecto a las indemnizaciones recibidas, este ex empleado manifestó que, en un principio, la empresa se resistió a pagar a los trabajadores que renunciaron tras el traslado a Denia. Hay que tener en cuenta que un buen número de estos empleados se marchó con un proceso judicial abierto contra la compañía por posibles irregularidades en el proceso, el cual fue resuelto a favor de la empresa.
No obstante, la fuente consultada indicó que finalmente se fueron pactando indemnizaciones similares a las que se dio a los que inicialmente se fueron, pero que en algún caso propusieron la prejubilación de algún empleado.
Banderas extranjeras
Por otra parte, la utilización, por parte de las navieras españolas, de registros foráneos, “como por ejemplo Balearia”, fue calificado como “una huida de la hacienda española y la búsqueda de una legislación laboral mas permisiva” por parte del sindicato CGT.
Para CGT, “no deja de ser una burla, que la naviera está preparando su flota, para hacerse con el contrato del estado, por una parte utilizan la bandera foránea para no pagar al fisco y por otro recibir subvenciones estatales”.
Desde el sindicato proponen a la Administración del Estado “que se implementen políticas de apoyo al empleo en los buques del cabotaje ,que respeten la legislación laboral española y que acabe con los armadores que utilizan banderas de conveniencia”.
Este diario trató de ponerse en contacto, sin éxito, con la empresa Baleària, para que aportarse su versión de los hechos.
