Los concejales del anterior equipo de Gobierno socialista, incluyendo a la exalcaldesa Josefa Caro, desfilaron ayer por los juzgados de Arcos para prestar declaración como imputados en un caso de presunto delito urbanístico, después de la querella interpuesta por el actual Gobierno PP-Ai-Pro.
La denuncia se basa en unas presuntas irregularidades durante la urbanización de la avenida Padre Salesianos, la cual fue construida por la Junta de Andalucía a instancias del Ayuntamiento. El actual Gobierno considera que el anterior concedió bajo cuerda permiso a los vecinos de unas viviendas colindantes situadas en suelo rural no urbanizable para conectarse a la redes de agua, de electricidad y de saneamiento.
Sin embargo, la intención del anterior ejecutivo fue dejar prevista una serie de conexiones aprovechando la urbanización de la calle, para en un futuro no tener que levantar el asfalto para instalar los mencionados servicios. El nuevo Gobierno PP-Ai-Pro entendió que se dio permiso a los vecinos de forma fraudulenta, aunque el ejecutivo socialista nunca llegó a emitir licencias.
Para otorgar esas licencias es preciso según la Ley un permiso de ocupación como previo paso para que las compañías suministradoras instalen sus servicios. En este sentido, lo que hizo el anterior Gobierno fue indicar a la Junta dónde debían dejar instaladas una serie de arquetas para un posible servicio futuro a las viviendas colindantes.
En la zona, no obstante, hay algún caso en que un vecino disfruta de luz eléctrica presuntamente de forma irregular, una situación que se vendría dando desde los años ochenta y que sería un problema de un particular con la empresa suministradora por un posible enganche ilegal.
En cualquier caso, los acuerdos alcanzados con los vecinos durante el anterior mandato para que cedieran suelo para la construcción de la calle contaron con el visto bueno no sólo del equipo de Gobierno, sino del secretario de la Corporación, los técnicos, etc. Incluso la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), la Delegación del Gobierno andaluz y la Subdelegación del Gobierno central en la provincia tampoco pusieron reparos a la actuación urbanística.
Según explicó a pie de juzgado el exdelegado de Urbanismo Joaquín Macías, “es una querella inventada sólo para hacernos daño”. El mismo declaró que, pese a las denuncias, fue el actual alcalde y su equipo los que concedieron sobre la obra del vial la correspondiente recepción municipal, además de inaugurar oficialmente la nueva calle. “Si hubiera habido alguna irregularidad, lo normal hubiera sido que nadie hubiera firmado la recepción de esa obra”.
Sin embargo, Macías, como ha hecho en otras ocasiones, volvió a agradecer a los vecinos colindantes de la avenida Padre Salesianos que cedieran una parte de suelo para facilitar la construcción del vial. Además, se pregunta por qué el juez no cita al secretario de la Corporación cuando fue el que teóricamente redactó el acuerdo con los vecinos para la urbanización de la calle: “Ni yo y ni mis compañeros redactamos los acuerdos. Nos quieren hacer daño personal”, concluyó Macías, convencido de que tendrá que pasar por los juzgados más de una vez próximamente por otras querellas y denuncias planteadas por el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro, como una por haber dado carpetazo supuestamente a más de un centenar de expedientes por delito urbanístico, cuyas sanciones hubieran supuesto el ingreso de más de dos millones de euros en el Ayuntamiento.
“Nadie nos va a amedrentar”
“No nos van a amedrentar. A mi nadie me va a amedrentar”. Así se expresó el exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, quien volvió a criticar el supuesto gasto en abogados que está realizando el equipo de Gobierno PP-Ai-Pro en éste y otros procesos contra el anterior ejecutivo del PSOE. “El mismo señaló que “ya no son las productividades y los sueldazos que tienen los enchufados del PP, el secretario, el otro y el de la moto. Tiran con pólvora ajena; es decir, con el sueldo de los ciudadanos, con su trabajo y con sus impuestos, es muy fácil venir a los juzgados, pagar 12.000 euros, otros 12.000 euros... para amedrantarnos. Cada día voy a decir las cosas más claras”. Llegó a amenazar con que próximamente hablará de “algunas autorizaciones que sí se están dando en Arcos por parte de quién, cómo, cuándo y por qué”, lanzó como aviso al actual equipo de Gobierno, el cual, por otra parte, se podría ver envuelto en otro caso judicial si prosperan las amenazas vertidas esta semana por IU de acudir a Fiscalía por el caso de pago de productividades y gratificaciones en el Ayuntamiento después del decreto de Alcaldía.
