El Tribunal Supremo ha mantenido la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga que condenó a seis miembros de un grupo criminal por acabar con la vida de un hombre y robarle unos 30 kilos de cocaína que tenía en su poder en una vivienda, tras contactar con él simulando que querían comprar la sustancia. Además, ha ratificado la pena impuesta a otros cinco acusados por participar en los hechos, pero no por el asesinato; y a un acompañante del fallecido.
El alto Tribunal considera en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que no ha lugar a los recursos presentados por las defensas de nueve de los acusados contra la sentencia de la Sección Novena de Málaga, que condenó a los principales acusados por los delitos de asesinato, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y robo con intimidación, imponiendo unos 29 años de cárcel a cada uno.
A otros procesados sólo se les condenó por algunos de estos delitos, con penas que oscilaron entre los diez años y medio y los 23 meses de prisión, que ahora quedan confirmadas. El Supremo rechaza en su sentencia los distintos argumentos expuestos por las defensas en sus recursos de casación relativos a la incorrecta aplicación de determinados artículos, error en la valoración de la prueba y vulneración de derechos.
Entre otras consideraciones, la Sala señala que no existe vulneración de la cadena de custodia y apunta a que "es suficiente el juicio valorativo efectuado" en la primera sentencia, "con un completo detalle", apuntando que existen pruebas "concluyentes". Así, recuerda que no es posible alterar los hechos probados de la resolución impugnada.
En la sentencia de Málaga se declaró probado que los principales condenados se dedicaban a localizar a personas de origen colombiano o sudamericano "que se dedicaban a traficar con cocaína, para proceder a la sustracción de la droga, aunque para ello fuera necesario el empleo de violencia", apuntando que llevaban "al menos desde 2014 realizando seguimientos a distintas personas".
Para esas labores utilizaban "armas, distintivos y ropas propias de la Policía para disimular sus intervenciones". Los supuestos organizadores de estas operaciones eran dos hombres, declarados en rebeldía y no fueron juzgados. Dentro de esta actividad, se preparó una reunión en mayo de 2015 en Madrid a la que asistieron la mayoría de los acusados y en la que una mujer habló de una importante partida de cocaína en poder de la víctima y de otro hombre.
Así, la sentencia señaló que "con el propósito de hacerse con la sustancia estupefaciente referida, elaboran un plan consistente en viajar hasta Málaga y dirigirse al lugar donde la sustancia se encontraba, simulando interés en comprarla". Para eso, se lograron billetes falsos y realizaron vigilancias y seguimientos, haciéndose pasar uno de los procesados por el supuesto comprador.
La Sala consideró probado que se organizó una reunión en un hotel de Benalmádena (Málaga) para esa compraventa, mientras que la mayoría de los acusados se desplazaba hasta la vivienda donde estaba la sustancia para esperar escondidos, ya que "lo pactado era que una vez que sacaran la droga, se la arrebatarían y huirían".
Pero, una vez que los acusados mostraron el dinero, que estaba en bolsas al vacío, la víctima se percató de que eran falsos y sacó un arma, tras lo que seis de los procesados le redujeron y, "tras maniatarle con unas bridas de plástico, le dispararon tres veces, causándole la muerte en el acto", señala la sentencia. Después, se dieron a la fuga.
Además, se apoderaron de la sustancia estupefaciente, que resultaron ser unos 30 kilos de cocaína distribuidos en 28 paquetes, valorado en 1,1 millones de euros. La Guardia Civil logró localizar el vehículo en la huida, por lo que uno de los acusados arrojó una de las pistolas por la ventanilla. Finalmente, los procesados fueron detenidos y se practicaron varios registros domiciliarios.
No obstante, uno de esos principales acusados colaboró "desde el primer momento" con la Policía para conseguir resolver este procedimiento, confesando los hechos, así como aclarando la participación de cada uno de los procesados, según la Sala de Málaga, por lo que se le aplicó la atenuante de confesión y la pena se fijó en siete años y medio de cárcel.
