El secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Francisco Menacho, ha anunciado esta mañana el inicio de una campaña de recogida de firmas en pueblos y ciudades de la provincia en contra la reforma de la Administración local planteada por el PP. Menacho ha advertido de que “aunque está teniendo mucha contestación dentro del PP, la reforma no está parada y va para adelante porque ya en el día de ayer pasó por el Consejo de Estado, de manera que el PP está cumpliendo su calendario y en próximos meses, entrará en el Consejo de Ministros para elevar la nueva norma al Congreso”.
Menacho ha iniciado su comparecencia ante los medios, previa a la reunión que ha mantenido con los 11 secretarios generales de las Entidades Locales Autónomas (ELA) en la provincia, felicitando en nombre de la Ejecutiva provincial al escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald por el premio Cervantes.
El dirigente socialista ha analizado el impacto de la reforma en una provincia como Cádiz que tiene el 25 por ciento de las ELA de Andalucía. Es decir, de las 48 que existen en el territorio andaluz, 11 se encuentran en la provincia gaditana. Y según ha apuntado, “en la disposición adicional séptima del borrador aparece recogido que se evaluarán los servicios y si no se prestan de manera adecuada, éstos pasarán al ayuntamiento matriz y desaparecerán las ELA automáticamente”. “La recogida, puerta a puerta, de firmas pretende mostrar al Gobierno el rechazo de los ciudadanos y ciudadanas en contra de la desaparición de sus pueblos”, ha explicado recordando que todas las leyes, desde la Constitución tan evocada de 1812, recogen los principios de la autonomía municipal. En el caso de las ELA, argumenta Menacho, “algunas con muchos años de historia y a diez, quince o veinte kilómetros del ayuntamiento matriz, el objetivo siempre ha sido acercar los servicios a la ciudadanía”. La función de las ELA, a su juicio, ha sido además asentar poblaciones en su territorio e identificarse con él y la norma significaría su desaparición, que desaparezca su referente poblacional, una pérdida de identidad total.
El dirigente socialista ha mostrado su rechazo a que “desde los estándares de calidad que se impongan desde Madrid, sea una empresa privada la que diga cuánto tiene que costar el servicio de agua, la recogida de basuras o el cementerio y se ha preguntado para qué sirven los alcaldes entonces, si no pueden tomar decisiones”.
Menacho ha criticado la “pérdida de autonomía y democracia total que se produce” y ha alertado de que “recortar en políticos es recortar en democracia porque existen políticos como corruptos en familias muy nobles, pero gracias a los políticos se toman decisiones malas como ésta o buenas como los decretos del Gobierno andaluz contra los desahucios y la exclusión social”.
Así, ha abundado en que “ninguna ELA podrá tener ningún servicio que no sea de los obligatorios, de manera que no podrá gestionar nada de Cultura, Deporte, ni dedicarse al empleo o vivienda”.
Menacho se ha referido a la marcha atrás que ha dado el PP respecto a la decisión de que no cobrasen los alcaldes de menos de mil habitantes, una situación que ha achacado al revuelo armado en el PP ya que “significaba que la mayoría de los alcaldes del PP en Castilla La Mancha y Castilla León se iban a ver afectados”.
En definitiva, la ha calificado como “una norma que no tiene ni pies, ni cabeza, que favorece a las grandes ciudades a las que permite más liberados, más asesores y sueldos más altos de los alcaldes y que no supondrá por tanto ahorro alguno” y en este punto, ha precisado que según un estudio realizado por el PSOE en la provincia de Cádiz, con la reforma se permitirían la creación de más de 80 asesores que se sumarían a los que actualmente existen. Luego, no hay ahorro todo se hace para favorecer a las grandes ciudades y a las empresas privadas que se llevarán el negocio de los servicios que el PP les pone en bandeja.
Ha reiterado que el PSOE se opondrá en todos los frentes: judicialmente con un recurso de inconstitucionalidad, políticamente en todas las instituciones y socialmente, movilizando a la ciudadanía.
Sobre el papel de las Diputaciones, ha criticado que “encima se estén gestionando peor que antes” y en este sentido, ha lamentado que “no tiene sentido que la Diputación de Cádiz haya recibido de la liquidación de la PIE un dinero extra y cuando se le pide al presidente José Loaiza desde la oposición que parte de ese dinero, en un momento de crisis, se destine a un plan de emergencia o a un plan específico de empleo, diga que no”. “No puede ser un buen político el que no atiende a las emergencias, como hace la Junta con los 60 millones de euros destinados al plan de choque, así como con las últimas medidas contra desahucios y exclusión social”, ha apuntado.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Jerez, Miriam Alconchel, ha destacado las consecuencias directas sobre la vida de los jerezanos en las pedanías que traería consigo la aprobación de la reforma, ya que Jerez concentra el mayor número de ELA de la provincia, asegurando que al PSOE de Jerez le preocupa mucho lo que pueda pasar con estos núcleos de población.
