Amanece en El Palmar, una pedanía de Vejer pegada al océano Atlántico y cuyas playas atraen cada año a miles de turistas. Hoy es 5 de abril y el cielo amenaza lluvia. El fuerte viento enloquece a las olas y embravece el mar. Fuera de épocas vacacionales en este paradisiaco enclave de la costa gaditana viven unas tres mil personas que se transforman en veinticinco mil cuando llega el verano. Tres mil personas de las que empadronadas solo hay unas setecientas y que se reparten entre las más de dos mil trescientas edificaciones existentes, la gran mayoría, la inmensa mayoría irregulares, nacidas en un caos urbanístico vigente desde hace más de treinta años. Un caos urbanístico que conlleva, entre otras deficiencias, la ausencia de servicios básicos como el suministro de agua potable y un estado lamentable de carriles y caminos. Un caos urbanístico fruto de vecinos y vecinas que construyeron (y construyen) sus casas ilegalmente, pero también fruto de la dejadez de las administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento, durante las últimas décadas.
En un camino paralelo al carril del camping, en la parcela 2-93, este martes 5 de abril un grupo de vecinos y vecinas esperaban nerviosos, inquietos e inmersos en la incertidumbre, el inicio de una macrooperación contra el urbanismo ilegal a manos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Una operación que abarcará tres días, hasta este jueves, y que se divide a su vez en tres actuaciones en distintas parcelaciones y en distintos horarios, a las diez de la mañana, a las doce y media del mediodía y a las cuatro y media de la tarde. En total se verán afectadas unas cien familias. El principal objetivo de la operación es, o era, precintar aquellas parcelas en las que se están ejecutando obras, desobedeciendo así resoluciones previas de la propia Junta.
Manolo Martín, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Santo Domingo de La Calzada, que agrupa a la mayoría de vecinos de la zona, acompañaba a los afectados desde primera hora de la mañana. “La sensación es de caos, de descalabro total, de que jamás se debería haber llegado a esta situación como la que estamos asistiendo… una situación increíble”, afirmaba.
En su opinión, “este despliegue de fuerzas y funcionarios no hubiese sido necesario si se hubiesen puesto en marcha los planeamientos urbanísticos de 2011”. Y es que hasta doce vehículos se personaron en las parcelas con personal técnico de la Junta, tanto de Ordenación del Territorio como de Medio Ambiente, así como agentes de la Guardia Civil, Seprona, Policía Autonómica y Policía Local. Un despliegue “exagerado”, según muchos de los vecinos que recordaban que “no somos narcotraficantes, ni criminales, solo en algunos casos hemos construido una vivienda en el campo de nuestros abuelos”.
Lo cierto es que hay de todo dentro del caos urbanístico en el que se ha transformado El Palmar. Desde viviendas de primera ocupación con más de treinta años a casas de nueva construcción dedicadas al alquiler turístico pasando por pequeñas parcelaciones con casas móviles. Todas ellas salpicadas sin apenas sentido alguno por carriles repletos de baches, charcos, barro y grava.
También estuvo presente en el transcurso de la operación Borja Grandal, abogado de la citada asociación vecinal y también de muchos de los afectados, que no todos. Grandal, especialista en Derecho Urbanístico, explicaba que “se trata de una actuación de precinto con el objeto de paralizar obras” y que “afecta a todos los ámbitos de El Palmar, como hoy en el camino del Camping y más tarde en el camino de los Sánchez”.
La actuación pretende precintar parcelas y viviendas “al entender la Junta que han desobedecido una resoluciones previas”, pero, y esto es importante, “la casuística es la que se tiene que hacer valer” porque “muchas edificaciones tienen más de cuatro o cinco años, otras son viviendas habituales… hay que evitar que esta operación sea un ataque a mansalva. Debe ser quirúrgico contra aquellas parcelas que estén afectadas por obras, que es el objetivo de la medida cautelar de hoy”.
Grandal añade que “otra cuestión será pelear el expediente administrativo que se aplique” a partir de hoy, pero “la actuación es una medida cautelar de precinto y todo lo que no sea precintar obras desbordaría el objeto de dicha medida”.
La operación se le ha notificado a más de cien personas “cada cual con una casuística diferente”, insiste el abogado, “desde personas con una sola vivienda y que viven aquí. Hay viviendas de primera ocupación. Hay personas que no tienen nada y personas que vienen habitualmente, por lo que hay que hacer valer las circunstancias de cada una de ellas”.
El precinto “impide el acceso a la parcela y la vivienda, si la hubiera, en su interior”. Ese precinto, evidentemente, “no se puede quebrantar porque es un delito de desobediencia grave a la autoridad”. Y claro, “hay situaciones flagrantes como viviendas habituales o prescritas donde no hay una obra, por lo que tenemos que intentar a toda costa hacer entrar en razón a las autoridades inspectoras”.
Después de ser precintada la vivienda, que “es una medida cautelar que se adopta en el marco de un procedimiento más amplio”, llegaría una resolución “que puede conllevar el desmontaje, derribo o lo que fuera que también sería susceptible de recurso en sede judicial”. Pero ese precinto en viviendas habitadas por familias que solo cuentan con la misma, “es lo que hay que evitar porque la vivienda es inviolable”, por lo que “hay que andar con los pies de plomo”.
Finalmente, en el transcurso de la operación fueron precintadas aquellas viviendas en las que sus propietarios no se personaron en las mismas, a pesar de la citación. El resto recibieron una diligencia informativa para que sus ocupantes presenten, a la mayor brevedad, un certificado de empadronamiento en las mismas.
La operación continuará hasta el próximo jueves.
