La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.
El inicio de la vista oral, que sentará a otros 26 acusados en el banquillo, viene precedido de una cascada de confesiones y conformidades, a los que ha tenido acceso Europa Press, de algunos de los principales nombres ligados a 'Gürtel'.
El líder de la trama, Francisco Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, la administradora de la misma, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la misma, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por la Fiscalía.
En las mismas, el Ministerio Público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, 'El Bigotes' y Herrero, se concertaron con Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market.
El propio Camps remitió el pasado mes de julio un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pedía que no tuviese en cuenta el aluvión de confesiones recordando que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados.
Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
"El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio de 2022.
En su escrito, el líder de la 'Gürtel' se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias 'El Bigotes') inició con Paco Camps".
Crespo, por su parte, plantea la misma condena que Correa -2 años y 3 meses de cárcel_y reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de 'Gürtel', teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market".
Jordán, que propone 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. La acusada también da extensos detalles sobre Camps y 'El Bigotes', a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".
Por último, Herrero reconoce en su escrito que "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos" al tiempo que señala directamente a 'El Bigotes' como quien "conseguía los trabajos". El gerente de 'Orange Market' propone que se le imponga una pena de 7 años y 11 meses de prisión.
En los últimos meses, además, también se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía otros acusados como la que fuera gerente de la fundación 'La luz de las imágenes', María del Carmen Díaz Quintero, la exdirectora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE) María Auxiliadora Hernández, o el que fuera jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort.
A esa adhesión al escrito de la Fiscalía también se han sumado el exjefe de gabinete de la Consellería de Bienestar Social Enrique Navarro, el exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos y la que fuera responsable de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer.
En su escrito, Caballer reconoce que acordó con 'El Bigotes' contratar a Orange Market para el 'II Congreso Software Libre', celebrado en Castellón en mayo de 2005, admitiendo que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".
En el citado escrito, Anticorrupción señala que el "asentamiento" de la 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana a partir de 2003 "tuvo por finalidad aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció Camps no sólo para la organización y ejecución de todos los actos del Partido Popular que se celebraran en dicha comunidad autónoma incluyendo la campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en las que fue elegido president de la Generalitat".
"Sino también con el objetivo posterior de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma, y particularmente, para las ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR", continúa la Fiscalía.
"Dicha expansión del negocio" la habrían articulado Correa, Crespo, Herrero y 'El Bigotes', fundamentalmente, a través de la constitución el 24 de julio de 2003 de la sociedad Orange Market para operar en la propia Comunidad Valenciana. El propio 'Bigotes' sería nombrado posteriormente presidente del consejo de administración de la misma y Herrero, por su parte, consejero delegado.
"A partir de ese momento", Camps habría facilitado a 'El Bigotes "el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de FITUR y de otras ferias, así como de otros eventos".
Estos, "siguiendo instrucciones del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, posibilitaron que dicha mercantil obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat, en beneficio de su empresa", según apunta la Fiscalía.
