ARTICULO IN-DEPENDENT-ISMO
Para acercarse al conocimiento de aquello que ocurre conviene separar hechos de opiniones. Y en el asunto de los ismos suele primar lo segundo. Al fin y a la postre, animar a un buen número de personas, para que se “sumen” a una causa, requiere sustantivar los calificativos, instalándolos en la categoría de “nombre” y de esta forma poder predicar sobre ellos, elaborando discursos que permitan calificarlos, en un sentido o en otro. Un ejemplo reciente de manejo ideológico del lenguaje, por cierto más frecuente y cotidiano de lo que parecería, es el término “chavismo” o “madurismo”, o el recurrente, como menosprecio, de “populismo”. Cualquier persona que navegue por la red encontrará referencias a estos ¿conceptos?, que aparecen, en determinados medios de comunicación, ¡casualmente! relacionados con Podemos.
Otro que se repite hasta la saciedad es el término independentismo. Que al formularse como mágica invocación pretende resolver todos los problemas, cuando en realidad, al sufrido pueblo al que se pretende encandilar, se le escamotea el sentido profundo y terriblemente limitado del concepto. Dos reflexiones permiten acotar este empeño en engañar a los pueblos. Se precisa preguntar sobre donde se hallan las dependencias, para poder formular la negación de las mismas, pues eso supone la “in-dependencia”, la no-dependencia. ¿La ciudadanía, a la que se convoca para generar la “separación” de España, se “in-dependiza” de algo? Seguirá sin duda dependiendo de aquellos poderosos que manejen el poder político. ¿Qué se propone realmente con esto de la “separación”? Porque si se desea ser “libre”, “in-dependiente”, que comiencen los políticos afines a esta idea, a transferir al pueblo el poder que acaparan, para hacerlo realmente “in-dependiente” de sus partidos políticos, de sus intereses empresariales anexos, permitiendo que por referéndums se autogobierne esa ciudadanía, aprobando directamente las grandes leyes. No hay que pedir permiso alguno a nadie para convocar al pueblo a que vote directamente, una ley de democracia directa, o los presupuestos o la ley llamada de la desconexión. Ningún tribunal constitucional se inmiscuirá en cómo el gobierno y parlamento catalanes despliegan un marco político de participación directa en el gobierno autonómico. A partir de ese momento, cuando realmente agoten sus márgenes de permitir el autogobierno de sus gentes, sólo entonces, esas gentes, no sus “representantes” y “tutores” estarán legitimados para plantear directamente un desarrollo de esa facultad en ámbitos estatales. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Posiblemente todos los pueblos de España envidiarán y reclamarán para sí esa capacidad de participación política directa.
Fdo. Rafael Fenoy Rico
