El pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSOE y Cs, y la abstención de PP, CSSP, IU y concejal no adscrito, un plan económico-financiero para los años 2017 y 2018, que permitan sanear las arcas municipales y rebajar la deuda no contabilizada por el anterior equipo de Gobierno, que asciende a 87 millones y medio de euros y en total suma 200 millones. De esta manera se cumple con la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reconociendo dicha deuda en ejercicios sucesivos para poder proceder al pago de la misma y “volver a la senda de la estabilidad presupuestaria”, ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno, Maribel Tocón durante su exposición en sesión plenaria.   

Tocón ha insistido en que se trata de “una obligación legal que tenemos y no una voluntad política de este equipo de gobierno”. Se trata de “una hipoteca que nos ha dejado el PP, que mientras generaba más y más deuda y no la reflejaba en las cuentas públicas, utilizando el dinero de todos en subvenciones ilegales como vamos a ver en el siguiente punto -del orden del día en pleno-”, ha manifestado la edil.

“Tenemos que aprobar un plan de medidas económico-financieras debido a que durante años, no se han contabilizado una serie de gastos millonarios derivados de incumplimientos con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento de Málaga, así como otros pagos de sentencias entre las que destaca la reconocida con Fomento Construcciones y Contratas, entre otras”, ha asegurado Tocón.

Este hecho –la deuda no contabilizada que asciende a 87 millones- ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones durante los últimos meses desde que entrase el nuevo equipo de Gobierno, en primer lugar en la auditoría de cuentas, posteriormente en la certificación de la deuda por parte de intervención, más recientemente en la cuenta general y por último en la liquidación del ejercicio 2016. “Una deuda que tiene que quedar claro que fue generada por la gestión del PP y que fue expresamente escondida y no reconocida este partido”, ha recalcado Tocón. 

Esta deuda no contabilizada hace que no se cumpla el objetivo de estabilidad, por lo que la ley obliga a adoptar unas medidas económicas que permitan sanear esta inestabilidad generada por esta deuda, que cuenta con consignación en los presupuestos de los ejercicios 2017 –que se previsiblemente se aprobará en las próximas semanas- y 2018. Así, la portavoz del equipo de Gobierno ha apelado de nuevo  “al sentido de la responsabilidad de los portavoces que apoyaron el cambio para invitarles a la reflexión en torno a que que los presupuestos ilegales del Partido Popular no pueden ser la carta de presentación de este ayuntamiento a la ciudadanía”.

Entre las medidas que plantea este plan señala por un lado el control del gasto con medidas como eliminar las competencias impropias del Ayuntamiento o que el gasto sea gestionado y fiscalizado por Intervención. También apunta a que se incentiven los ingresos con medidas como potenciar la inspección tributaria o el patrocinio de eventos. Como medidas de racionalización organizativa, el plan recoge la integración de SAMSET en el Ayuntamiento así como la fusión de ASELIMSA por Litosa por su similitud su objeto social, lo que permitirá adelgazar los costes de estructura. “Todas estas medidas estiman un ahorro suficiente como para sanear la inestabilidad generada por la deuda no consignada, en el plazo de dos años según las estimaciones”, ha continuado la edil de Hacienda.

Ayudas irregulares del IAE

También hoy se aprobado, con la abstención del Partido Popular, el dictamen en relación al procedimiento de lesividad contra determinados actos y acuerdos de concesión de subvenciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Tal y como se dio a conocer la pasada semana, un informe del secretario municipal reveló que las subvenciones otorgadas al IAE desde el año 2007 “fueron concedidas irregularmente, por infracción del ordenamiento jurídico”.

Así el documento declara estas subvenciones lesivas para los intereses del Ayuntamiento, lo que ha supuesto un perjuicio económico de 702.408 euros para las arcas municipales. Asimismo señala que la devolución de estas ayudas desde el año 2007 hasta 2013 ha caducado, por lo cual no procede dicha devolución por parte de las empresas beneficiarias –las empresas sujetas al pago del IAE son aquellas que tiene un volumen de facturación neta que superan el millón de euros netos anuales-.

“Hoy ponemos fin al procedimiento que iniciamos hace 6 meses los concejales de IU, CSSP, Cs, concejal de adscrito y PSOE. Hace 6 meses los partidos del cambio acordamos iniciar el procedimiento administrativo correcto para eliminar de la vida jurídica un acto claramente contrario a derecho, pero sobre todo y lo más grave, es que es un acto contrario al interés público”, ha manifestado Tocón. 

“Este supuesto beneficio fiscal no amparado por ninguna norma legal, que el PP disfrazó de subvención, que por si fuera poco resultan ser incluso nulas porque no aparecen en ninguna ordenanza ni fueron nunca publicadas”, ha continuado la edil. “En su afán de esconderlas, el PP no las reflejó ni siquiera en los presupuestos, una razón más para que los presupuestos del PP dejen de ser la carta de presentación de este ayuntamiento a la ciudadanía”, ha apelado Tocón.

Volviendo a las subvenciones, “cabe decir que aparte de su carácter irregular, no debemos olvidar que estas subvenciones eran a todas luces inmorales, para empresas ‘vip’ del municipio, un ejemplo más del saqueo del PP a las arcas municipales durante sus 20 años de gobierno”. El PP “regalaba 700.000 euros de dinero público a algunos empresarios mientras despedía a trabajadores de Litosa y a la vez que iba sumando deuda que escondía en las cuentas que mandaba al Ministerio de Hacienda”, ha concluido. 

En este sentido, Costa del Sol Sí puede ha dado a conocer durante el pleno que su grupo ha puesto este tema en manos de la Fiscalía. “Hay que ir más allá y depurar responsabilidades”, ha asegurado el portavoz de CSSP, Jose Manuel Piña, quien ha continuado asegurando que “por segunda vez en esta legislatura hemos ido al juzgado”. CSSP “no hace oposición de postureo, se deben exigir responsabilidades penales y confiamos en que la justicia hará bien su trabajo”, ha concluido.

Moción institucional sobre el temporal

También se ha aprobado por unanimidad una moción institucional en relación a la adopción de medidas para paliar los efectos y daños ocasionados por el fuerte temporal en las playas de Torremolinos, calificado como el peor que ha azotado la costa malagueña y torremolinense en los últimos 22 años. “La situación de las playas y de los establecimientos han visto afectadas sus empresas, explotaciones y viviendas en algunos casos de forma tan grave que es necesaria una inversión cuantiosa con el único fin de devolver al estado original en que las mismas se encontraban hace únicamente una semana. de esta magnitud”, ha manifestado el alcalde José Ortiz.

El primer edil, en nombre de toda la corporación, ha apelado a una reunión con las Administraciones competentes para hacer una evaluación de los daños producidos, mientras ha instado al Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas, a la reposición de las playas en el plazo más breve posible; así como a la Junta de Andalucía a establecer los mecanismos de ayuda financiera inmediata a través de préstamos reembolsables a los pequeños empresarios que se han visto afectados. Además se ha aprobado la creación de un protocolo de coordinación y actuación ante las inclemencias meteorológicas que englobe las áreas de Seguridad y Protección civil, Servicios Operativos, Samset, Litosa, Playas, así como sus correspondientes servicios que minimice los daños y posteriormente recupere las zonas de manera inmediata en temas de limpieza, seguridad, imagen y apoyo de las autoridades en la zona. “Nuestra única industria es el turismo y no hay que olvidar que estamos en una situación de emergencia que requiera de un impulso especial y extraordinario”, ha asegurado el alcalde de Torremolinos.

Plusvalías

El tema de las plusvalías ha sido uno de los más interesantes del pleno, donde se ha generado más debate. De esta manera se ha aprobado una moción de Ciudadanos para reclamar al Gobierno central la modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como impuesto de plusvalías). En este sentido, Ángeles Vergara, portavoz de Cs, ha pedido al Ejecutivo que estime “la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la inconstitucionalidad del impuesto”, en aquellos casos en los que no se haya incrementado el valor de los terrenos.

De esta manera Vergara ha solicitado que se afronte esta cuestión y se proceda a efectuar las modificaciones legislativas necesarias para que exista un marco legal sobre el que apoyarse de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Torremolinos. Dentro de la moción de plusvalías, el PP ha presentado una propuesta en la que todos los portavoces han coincido en su valoración para el próximo pleno, una vez se dispongan de los informes técnicos preceptivos. 

Del mismo modo, en el orden del día se ha dado cuenta a los dictámenes en relación a las cifras de población de Torremolinos a enero de 2017 y a los cambios en el nombramiento de los miembros de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos. También se ha procedido a la corrección del resultado del asunto del pleno ordinario anterior, por el que se debatía la creación de una mesa técnica para la elaboración de una ordenanza no sexista. Tras el visualizado de las imágenes en vídeo, se ha detectado el error y ha quedado finalmente aprobada con los votos a favor de PSOE, CSSP, Cs, la abstención de IU y el voto en contra de PP y concejal no adscrito. Luz verde también para las mociones del Partido Popular en relación a mejoras de los enlaces del a red autonómica con la A7 y al incremento de dotaciones presupuestarias de Educación de las Escuelas Infantiles.