El Obispado de Cádiz y Ceuta no va a devolver ningún inmueble porque todos los inmuebles incluidos en el listado de bienes inmatriculados que elaboró el Gobierno en febrero de 2021 están debidamente registrados o bien para la Iglesia o bien para entidades o administraciones locales, legítimos propietarios, en cualquier caso, y reconocido por el clero.

La Diócesis ha tenido que aclarar este extremo ante la información incompleta, confusa o directamente equivocada publicada a lo largo de la semana en varios medios de comunicación.

Lamentablemente, ninguno de estos medios ha corregido las noticias previas, ni ha matizado o le ha dado el mismo espacio a la explicación del Obispado de Cádiz y Ceuta que a las infundios puestos en circulación, bien por error de interpretación o por asumir como propia la estrategia puesta en marcha por parte del Gobierno central.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no se oculta. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha manifestado que ahora “los ayuntamientos y los registros de la propiedad serán los encargados de llevar a cabo la regularización que, en cada caso corresponda”, alentando a que se produzca una ola de reclamaciones, que en cualquier caso, no serán especialmente numerosas si nos atenemos al informe de la Conferencia Episcopal Española, con apenas un millar de incidencias registradas, no errores, como se les ha denominado.

Bolaños atiza las brasas del anticlericalismo de la izquierda extrema partiendo a sabiendas de una premisa errónea, que hará correr ríos de tinta y sitúa a la Iglesia, en definitiva, en el disparadero, sin que la atolondrada oposición sea capaz de oponerse a un potencial proceso de desamortización encubierto. Ni PP ni Vox parecen dispuestos a dar una batalla en la que no está en juego exclusivamente el papel de la institución religiosa, cuya implicación social es reconocida ampliamente en España como evidencia el incremento de la aportación del IRPF de los contribuyentes, y su labor educativa y asistencial es impagable.

PP y Vox eluden afrontar la realidad en la que estamos inmersos, con un proceso constituyente impulsado por parte de los partidos que gobiernan en coalición, PSOE y Unidas Podemos, y sus socios en el Congreso de los Diputados, separatistas vascos y catalanes.

La Conferencia Episcopal Española también tiene responsabilidad. Por una parte, ha actuado con buena fe, sin precauciones, con un Gobierno que no oculta su desafección hacia la Iglesia. Por otro, traslada a la opinión pública los mismos argumentos, sin pasar por la batidora para que sean fácilmente digeribles, que esgrime en los despachos. Cree la institución que sobrevivir a los avatares de la historia durante 2.000 años basta, sin reparar en la tiranía de Facebook y Twitter y su revolución en la comunicación, en la que prevalece la emoción a la razón y la verdad no importa.