El presunto asesino de Romina sale de prisión para indignación de toda la familia

El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D.C., ha salido este viernes de la cárcel de Lanzarote al cumplirse el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio (cuatro años) para indignación de la familia de la víctima, que teme que se fugue.

Según ha presenciado EFE, Raúl D. ha abandonado la cárcel de Tahíche, en Arrecife, cargado con dos bolsas y una caja con sus pertenencias sobre las 9.45 horas, justo en el día en el que se cumplen cuatro años desde que fue enviado a prisión preventiva como presunto autor de delitos de homicidio, malos tratos, lesiones, profanación de cadáver y simulación delito, el 13 de enero de 2019.

Romina Celeste Núñez murió el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise. Su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero hasta la fecha siempre ha negado haberla asesinado, ya que sostiene que se encontró muerta a su mujer al regresar a casa de madrugada y que se asustó, porque temía que le culpasen a él (Romina ya lo había denunciado por malos tratos).

Según la Fiscalía, que reclama para Raúl D.C. una condena de 20 años de cárcel, en su relación con Romina Celeste hay al menos otros episodios previos de malos tratos: el 8 de agosto de 2018 en un hotel de Arrecife, cuando la propia joven denunció ante la Policía que la había "golpeado en repetidas ocasiones", y el en torno al 29 de diciembre de 2019, día en el que ella se presentó de madrugada en el Hospital de Lanzarote con lesiones.

Sin embargo, ningún médico llegó a verla aquel día, porque Raúl D.C. acudió al centro sanitario y se llevó a Romina antes de que eso ocurriera. Cuarenta y ocho horas más tarde, perdió la vida.

El cadáver de Romina Celeste Núñez nunca se recuperó, lo que impide a las acusaciones ser más precisas sobre cómo la mató su marido, según su tesis. Pero sí se recuperaron algunos restos de tejido que el mar devolvió a la costa, identificados gracias al ADN, circunstancia en la que se basan los cargos de homicidio.

El Juzgado número 1 de Arrecife dio por terminada la instrucción del caso a medianos de diciembre de 2019, al año de ocurrir los hechos, y emplazó a las partes a solicitar la apertura de juicio oral. Sin embargo, desde entonces han pasado tres años más sin que se haya puesto fecha al juicio ante Jurado, en los que ha cambiado el juez instructor y la defensa ha presentado numerosos recursos.

El 13 de enero de 2021, al cumplirse dos años de su detención, el juez al cargo del caso ordenó que Raúl D.C. siguiera en la cárcel de Tahíche "el tiempo que fuera necesario" hasta que se fijara la vista oral, pero señalando ya como límite el 13 de enero de 2023, cuando se cumplieran los cuatro años que como máximo autoriza la ley para retener en prisión a un ciudadano sin someterlo a juicio.

Por eso, ayer jueves, la Audiencia de Las Palmas ordenó que fuera puesto en libertad provisional sin fianza, aunque con algunas cautelas: se le ha retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y debe comparecer en los juzgados todos los lunes.

En un videocomunicado, la abogada de la familia de Romina, Emilia Zaballos, cuestiona esas medidas por insuficientes: "Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante, es altísimo, esto es un sufrimiento más para la familia, que no puede cerrar el duelo y ahora recibe este duro golpe".

"Asó en la barbacoa a su mujer, la descuartizó y distribuyó por los acantilados de Lanzarote todos sus restos", recuerda Zaballos.

La familia de la víctima, añade la letrada, está "muy molesta, porque no puede ser que un procedimiento que tiene prioridad en su tramitación" se dilate tras una instrucción y una investigación policial "impecables y hechas en tiempo récord" por "causas absurdas", derivadas entre otras cosas de los cambios de juez.

El caso llegó a la Audiencia de Las Palmas ya para que se fijara juicio en septiembre del año pasado. Zaballos sostiene que la defensa se aprovechó entonces de la circunstancias de que solo quedaban cuatro meses para que venciera el plazo máximo de prisión preventiva para dilatar aún más el proceso con nuevos recursos.