El tiempo en: El Condado
Publicidad Ai

sociedad

Acento, una de las consultoras de asuntos públicos más transparentes, según un estudio

Algunos justifican la negativa a proporcionar cifras de facturación por la falta de marco normativo que iguale los esfuerzos de transparencia de las agencias

Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai

Acento es una de las consultoras de asuntos públicos más transparentes, según el ‘Estudio de campo sobre la actividad de lobbying en España’, realizado por Alfredo Arceo Vacas, doctor de la Universidad Complutense.

Este trabajo pionero de más de 900 páginas, que ha contado con el patrocinio de RetiESpaña, y al que ha tenido acceso Servimedia, ha elaborado una ‘Clasificación de consultoras en función de su apertura a proporcionar información sobre su actividad’, y pese a su importancia para la actividad de ‘lobbying’, el autor del estudio llega a la conclusión de que “la transparencia de muchas consultoras sigue siendo mejorable”.

Para realizar este estudio se envió un cuestionario a las agencias y consultoras de la muestra extraída de los registros españoles. Gran parte de las preguntas se centraban en la visión de estas compañías sobre la transparencia en el sector de los Asuntos Públicos, además de preguntar por datos sobre empleados y facturación procedente de las actividades de ‘lobbying’.

El índice de respuesta a esta última pregunta habla por sí solo: tras repetidos intentos por parte del equipo investigador del estudio, “sólo siete de las 22 consultoras facilitaron de primera mano sus cifras”, menos de un tercio de las inscritas en los principales registros de grupos de interés de nuestro país. Y de esas siete, solamente cuatro están especializadas en Asuntos Públicos, por lo que no existe una correlación entre especialización y transparencia, aseguran los investigadores.

En algunos de los casos de aquellas que no contestaron o rechazaron proporcionar la información sobre facturación, se ha podido aportar el dato global de la compañía en el ejercicio financiero 2020, mediante consulta en el Registro Mercantil. Sin embargo, para aquellas agencias de comunicación que trabajan los Asuntos Públicos como un servicio más de entre todos los que ofertan, “esta información resulta insuficiente para establecer el volumen de negocio que realmente les aporta el l'obbying'.

Seis de las diez primeras firmas del ranking cuantitativo rehusaron ofrecer sus datos de facturación. Ahora bien, la casuística es diversa entre las consultoras que no proporcionan datos financieros. Estos son algunos ejemplos de relevancia: “Vinces y Kreab comunican abiertamente su negativa a responder al cuestionario; Political Intelligence y Deva Comunicación aducen falta de disponibilidad para proporcionar respuestas, durante los meses en los que se realizó el trabajo de campo”.

Otras muchas (Edelman, Weber Shandwick, RPP Group…) contestan sin dificultad al dato sobre empleados, pero “se abstienen de comentar su facturación”.

Harmon sugería al equipo aguardar a la publicación del dato de 2021 en el Registro Mercantil. No consiguieron contactar “en ningún momento con 19N Strategies”.

Estas son las organizaciones que, en un ejercicio de transparencia, han proporcionado las cifras solicitadas para nuestro trabajo de campo: Acento Public Affairs, Cariotipo MH5, Common Sense Advisory Company, Evercom, LLYC, Reti España y Roman Reputation Matters.

En cualquier caso, existe un consenso generalizado entre aquellos miembros de las consultoras que responden a las preguntas generales sobre transparencia: se necesitan unas normas claras y que supongan el mismo tablero de juego para todos los participantes en las actividades de ‘lobbying’. Así lo manifiestan los representantes consultados de Acento y Atrevia, entre otros. De hecho, desde Weber Shandwick, su responsable de Asuntos Públicos, Romain Guillemin, justifica la negativa a proporcionar cifras de facturación precisamente por la falta de marco normativo que iguale los esfuerzos de transparencia de todas las agencias.

Otros, como Javier Herrero, de Evercom, piden abiertamente un registro estatal obligatorio de grupos de interés en España; o, al menos, la unificación de criterios entre los ya existentes, como señala Miriam Arrechea, Senior Account Manager de Asuntos Públicos de Edelman. En esta misma línea, prácticamente todos se remiten al seguimiento de rigurosos códigos de conducta. “Para el futuro, no es descartable revisar el resultado global, gracias a una mayor colaboración de las consultoras con la investigación”, concluye el autor del estudio.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN