La crisis financiera de 2008 fue el germen del movimiento Stop desahucios. Ocupaciones de entidades bancarias, manifestaciones y acciones de protesta a las puertas de viviendas a punto de ser desalojadas por orden judicial ocuparon cientos de portadas e informativos. En marzo de 2020, a punto de ser decretado el estado de alarma por la pandemia, los desahucios seguían siendo una realidad. El foco ya no estaba, sin embargo, en ellos, aunque los números seguían siendo tozudos: en 2019, los desahucios subieron en Sevilla por cuarto año consecutivo, hasta situarse en los 2.329, según la memoria del Decanato de los juzgados sevillanos.
Ha sido Cáritas la que ha vuelto a dar un aldabonazo esta pasada semana al alertar del riesgo de una nueva “emergencia habitacional”. Con la campaña No tener casa mata, la entidad dependiente de la Iglesia católica ha lanzado un serio aviso: una cuarta parte de las familias atendidas desde el estallido de la pandemia se va a quedar sin un techo. Las peticiones de ayuda a Cáritas han crecido desde marzo un 50%. Y el punto de partida ya era preocupante: en 2019, las ayudas para pagar la hipoteca, el alquiler, el gas o el agua sumaron 730.000 euros. De hecho, la mitad de los hogares atendidos por Cáritas desde el estado de alarma no pueden afrontar el pago de la hipoteca.
La “nueva normalidad” provocada por el coronavirus ha resucitado otra de esas expresiones, la de “emergencia habitacional”, con las que difuminar la verdadera realidad: la de la pobreza. Ante esta situación, los afectados buscan a las administraciones como tabla de salvación.
En el caso de Sevilla, la empresa pública de vivienda, Emvisesa, desde el estado de alarma, ha entregado las llaves de 114 pisos tanto en propiedad como en alquiler (93 en propiedad, 12 en alquiler y alquiler con opción a compra, y nueve para entidades sociales). En cuanto a las ayudas para el alquiler, desde marzo, se han tramitado 2.425.211 euros (programa Alquila de la Junta de Andalucía y plan específico de Emvisesa de aplazamiento del pago de la renta, que se encuentra prorrogado hasta el 31 de enero de 2021) para 349 inquilinos.
“Emvisesa ha contribuido a aliviar a sus inquilinos, propietarios y arrendatarios emprendedores los daños ocasionados por la reducción de la actividad económica con programas sociales de diversa índole”, apuntan fuentes municipales.
Programas sociales ya existentes y nuevos, apostillan. Una de esas nuevas iniciativas fue el protocolo excepcional aprobado la pasada primavera para “proteger” a los dueños de viviendas municipales con “dificultades” para hacer frente al pago de la hipoteca.
Fue la solución a la que se aferró R.V., adjudicataria de una vivienda de Emvisesa en Pino Montano. “Cuando compró la vivienda no disponía de ahorros para hacer frente a la entrada, por lo que Emvisesa le aplazó el pago en letras semestrales de 1.146 euros. La crisis de la Covid provocó que la empresa para la que trabajaba R.V. la despidiera. Emvisesa le ha facilitado un acuerdo por el que paga una renta mínima adecuada a su capacidad económica: 76 euros durante 15 meses”, relatan fuentes de la empresa.
Desde junio de 2015, Emvisesa ha tramitado casi 4,5 millones de euros en ayudas al alquiler para sus inquilinos con pocos recursos.
En el caso de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento ha reforzado el servicio de profesionales que gestionan el Plan Alquila. Se han incorporado 75 nuevos interinos, 14 de ellos para Sevilla, para “agilizar la tramitación de las ayudas extraordinarias al alquiler con motivo de la pandemia del Covid-19”. Fomento subraya que “ya se ha iniciado el pago de las ayudas extraordinarias que cumplen los requisitos, pero la incorporación de estos interinos, dentro del plan de choque puesto en marcha por la Consejería, hará posible que el dinero llegue con más rapidez a quienes lo necesitan”.
