Más de 120 agentes han participado hoy en una operación para erradicar las plataformas anguleras ilegales en el río de Guadalquivir, una seria amenaza para la biodiversidad de la zona y para la seguridad de la navegación, ha informado hoy la Guardia Civil en una nota de prensa.
Desde primeras horas de la mañana agentes de distintas administraciones, así como quince embarcaciones, un helicóptero, aeronaves no tripuladas y medios terrestres, desarrollan la denominada operación "Ave Fénix", liderada por la Guardia Civil.
El objetivo es erradicar la actividad de las plataformas anguleras ilegales instaladas en la desembocadura del río Guadalquivir.
"La pesca de la angula está totalmente prohibida en los ríos y aguas costeras de Andalucía, como medida excepcional para la recuperación de la anguila europea", recuerda la Guardia Civil.
La actividad de estas plataformas ilegales anguleras se desarrolla en una reserva de pesca, una zona biológica y ecológica muy sensible, denominada zona de cría y engorde del Bajo Guadalquivir.
En estas plataformas se usan redes de 1 milímetro de luz de malla, por lo que todas las especies que cohabitan con la angula caen con este arte de pesca, causando gran destrucción en la vida en los ríos.
Fuentes de la Guardia Civil de Cádiz ha informado a Europa Press que estos artefactos flotantes suponen un riesgo para la pesca, la biodiversidad y el medio ambiente, para la navegación y para lucha contra el narcotráfico.
En concreto, han requisado en el río Guadalquivir más de medio centenar de estas plataformas, 18 en Cádiz y 36 en Sevilla, en el marco de esta operación en la que están trabajando un centenar de agentes, 15 funcionarios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y tres de la Capitanía Marítima de Sevilla. Además se han desplegado 15 embarcaciones, un helicóptero, aeronaves no tripuladas y medios terrestres.
Quienes realizan esta actividad, según la Guardia Civil, tienen un fin exclusivamente comercial y actúan "al margen de cualquier legalidad vigente" y "con total impunidad ante cualquier sanción administrativa o responsabilidad civil que sus artefactos puedan causar" ya que todo su patrimonio y riqueza está a nombre de terceros.
La pesca de exterminio que realizan afecta a la fauna acuática de la zona, compuesta, al menos, por 134 especies, que son de interés gastronómico y por tanto comercializable, cuando alcanzan la talla legal.
Al esquilmarla con sus redes perjudican por tanto a los trabajadores de la mar, que realizan su faena respetando las leyes y pagando sus impuestos.
Además todas estas especies "dan vida y mantienen un ecosistema único en el Parque Nacional de Doñana, fuente de vida y riqueza para toda la zona".
La presencia en el río de estos artefactos es también un peligro para la seguridad marítima ya que entorpece la navegación de un río angosto, con poco calado y de trazo sinuoso.
En ocasiones han llegado a ocupar el canal de navegación hacia o desde Sevilla.
Por ello se han convertido en un riesgo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso los propios narcotraficantes, en persecuciones nocturnas a alta velocidad que a veces se desarrollan en el río Guadalquivir.
Para acabar con ello, desde primeras horas de esta mañana 105 guardias civiles, quince funcionarios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y tres funcionarios de la Capitanía Marítima de Sevilla, están trabajando en esta operación, que ha contado con el apoyo de científicos como Carlos Fernández, que lleva más de 25 años estudiando cómo se debilita la vida marina en la desembocadura del Guadalquivir, o Ángel León, el chef del mar, que apuesta por un sistema de trabajo respetuoso con el medio ambiente, "como única manera de mantener un legado que poco a poco vamos destruyendo".
