Después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, haya ofrecido al Ayuntamiento hispalense ejercer acciones judiciales como perjudicado, el alcalde, Juan Espadas, cree que "tiene sentido" que la Administración local se persone en la causa judicial.
Mientras el juzgado ha ofrecido tal extremo al Ayuntamiento al incluir la investigación supuestas infracciones e incumplimientos de las ordenanzas y directrices municipales que pesan sobre la actividad de los taxis, Espadas ha explicado a los medios de comunicación que "al haber perjuicios económicos constatables por informes del propio Ayuntamiento, tiene sentido que el Consistorio pueda estar en el proceso y personarse para reclamar como parte afectada".
Pero como ya media "una acusación pública" que ejerce la Fiscalía, según el alcalde, se ha encargado "un informe específico" al secretario general del Ayuntamiento, para que ante este caso y las situaciones similares rija "un criterio claro y técnico". "El Ayuntamiento tiene sus competencias y lo que diga el informe será lo que propongamos a la junta de gobierno para decidir", ha indicado.
En paralelo, ha defendido que en las diferencias incidencias y conflictos relacionados con el sector local del taxi, el Ayuntamiento ha sido "muy beligerante" ante cualquier incumplimiento y "todo lo que enturbie la imagen de la ciudad". "Actuamos en función de las competencias que tenemos y hasta donde podemos y no nos encogeremos de brazos ante situaciones que son inaceptables", ha asegurado, opinando que la causa judicial "podrá clarificar cuestiones de las que hace muchos años que se habla, pero que no se concretaban en sentencia o en responsabilidades claras".
Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
SOLIDARIDAD SE DEFIENDE
La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.
No obstante, Cabrera ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".
