Un informe pericial sostiene que al edificio del restaurante Abades Triana, ubicado a la orilla del Guadalquivir frente a la Torre del Oro, le sobran 596 metros. Se trata de la prueba principal que un empresario madrileño va a aportar en el recurso contencioso administrativo que ultima contra la Gerencia de Urbanismo, después de que ésta no haya revisado de oficio, como instó un juez, la licencia concedida al restaurante en 2003, y que estaría basada en datos falseados.
Según dicho informe técnico, firmado por el arquitecto José Eugenio Espiau Eizaguirre, y al que ha tenido acceso Viva Sevilla, el edificio de Abades casi cuadruplica en metros cuadrados la superficie edificable autorizable: en vez de los 233 sobre rasante que debiera como máximo ocupar, las dimensiones de la planta principal del recinto se disparan hasta los 829.
Con su recurso, este empresario pretende demostrar que existió un fraude en la concepción del complejo hostelero, cuya superficie edificada sobrepasaría con mucho el límite de ladrillo que según todos los planes urbanísticos aplicables se podía levantar en una parcela que forma parte del Sistema General Portuario, cuya ordenación es competencia del Estado.
La polémica envolvió el proyecto desde casi su nacimiento. En 1999, la mercantil granadina Gestión y Explotación de Restaurantes SL, vinculada al grupo Abades, se hizo con la parcela para levantar un nuevo restaurante en sustitución del viejo bar El Puerto, cuyo local ocupaba 233 metros de ese suelo.
Entonces, propietarios de la calle Betis se rebelaron contra el proyecto, el cual, según sostenían, excedía tanto en horizontal como en altura los límites autorizados, causándoles de esa forma un grave perjuicio a sus viviendas. Reclamaban, además, que los suelos se destinaran a zona verde, como se recogía en los planes municipales.
Así, denunciaron la obra ante la Fiscalía por lo penal, pero la causa se archivó. El Juzgado de Instrucción 2 concluyó que, en todo caso, se podría cuestionar la concesión de la licencia. Justo el resquicio por el que el caso está a punto de reabrirse.
De lo penal a lo civil
Ya entonces, los vecinos interpusieron un contencioso administrativo. El juez, en una sentencia de 12 de marzo de 2010 a la que ha tenido acceso Viva Sevilla, no admitió la demanda por prescripción de los plazos para atacar la licencia, pero ante las evidencias de la demanda, sí ordenó a Urbanismo “iniciar los trámites para la revisión” de oficio de la concesión de licencia para el proyecto, obra del arquitecto y ex consejero de la Junta Jaime Montaner. Al frente de Urbanismo estaba por entonces Manuel Marchena y del Ayuntamiento Alfredo Sánchez Monteseirín.
Hoy, de aquel grupo de afectados apenas ha quedado uno, el citado empresario, con negocios y locales en Sevilla, dispuesto a llegar hasta el final. Para ello ha contratado al despacho de abogados Clavero, que se personó como interesado en esa fase de ejecución de la sentencia.
Desde 2011, los citados letrados han tratado sin éxito de instar esa revisión de oficio de los permisos, pero ni siquiera la mediación solicitada varias veces al Defensor del Pueblo sirvió. La Gerencia, denuncian, ha obviado sus requerimientos y llamadas. Además, tienen constancia de que el Ayuntamiento no trasladó al Consejo Consultivo de Andalucía sus alegaciones, incluido este informe pericial, de mayo 2017. “Por eso el Consejo avaló la exposición del Ayuntamiento (en septiembre de 2017): no habían podido conocer nuestros argumentos ni el informe que ratificaba el exceso, en más del triple, construido”. Al recurso de alzada que presentaron por ello no han obtenido respuesta, así que ya lo han dado por desestimado.
Última opción
Agotada ya esa vía, y desde su convencimiento de que ningún responsable de Urbanismo llegó a certificar nunca que las dimensiones preexistentes eran las que en su día aportó Abades, se disponen a recurrir a la vía contencioso administrativa apoyados en su informe pericial. El trabajo incluye documentación oficial urbanística, catastral y fotográfica que dibuja el cambio “morfológico y dimensional de la edificación de la parcela desde 1981”. Los datos aportados evidencian “la considerable variación entre la edificación inicial (los 233 metros del bar El Puerto) y la actual, 829 metros (sin contar el sótano)”. Es decir, una apropiación de 596 metros de espacios libres en beneficio de Abades.
La pasarela abierta, un señuelo
A principios de año, Abades formalizó a favor del Ayuntamiento la cesión de la franja de espacio existente entre la lámina de agua y el local, por lo que esta superficie pasaba a ser espacio de uso y titularidad públicos, y cuyo acceso estaba cerrado.
“Ha sido una noticia que han usado de señuelo para que no se hable del problema de verdad que hay ahí: la concesión de la licencia y los metros en las que se basó. Unos datos que Urbanismo no certificó”, sostienen los abogados del empresario denunciante.
