El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, publicó el 30 de agosto de 2013 en el Boletín Oficial del Estado la Orden por la que autorizó la constitución de la Zona Franca de Sevilla, previa solicitud del Ayuntamiento hispalense y de la Autoridad Portuaria, pero casi cuatro años y medio después el Consistorio todavía no ha podido concederle ninguna bonificación, señal de que sigue en la rampa de salida y sin despegar.
El Anexo de Beneficios Fiscales en los Tributos Locales que figura en el proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento para 2018 de forma preceptiva en virtud de la denominada ley de Estabilidad Financiera se ha convertido en la prueba documental de la falta de despegue de la Zona Franca.
Así, cuando se exponen las bonificaciones potestativas que aplica el Consistorio, se recoge la del 20 por ciento por implantación en la Zona Franca a aquellos inmuebles en los que se inicien o ya se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo y/o sociales que justifiquen tal declaración y que, específicamente, se realicen en la Zona Franca de Sevilla, autorizada por Orden HAP/1587/2013, tras su creación efectiva y puesta en funcionamiento.
Pues bien, a la hora de hacer una estimación de la cuantía que supondría para 2018 la aplicación de este beneficio fiscal, puede leerse lo siguiente: “No puede determinarse al no haberse iniciado este funcionamiento”.
El documento refleja también otras bonificaciones no aplicadas, por la falta de actividad o de conocimiento de su existencia por parte de los potenciales beneficiarios, en lo que en cierto modo constituye un termómetro de la economía local.
El Consistorio no ha podido otorgar una bonificación del 90% a las cooperativas inmobiliarias y a promotoras públicas de viviendas en 2017, sencillamente porque no se ha recibido ninguna solicitud al respecto, más que probablemente por falta de actividad de ese tipo en el ámbito residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
Tampoco ha sido posible, por la misma causa de ausencia de solicitudes, conceder un 95% a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.
Actividades económicas
En el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Ayuntamiento otorga de manera potestativa y no obligatoria una bonificación por inicio de la actividad empresarial a partir de la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquélla y que asciende a un 50 por ciento durante los tres primeros años y a un 10 por ciento durante el cuarto y el quinto.
En 2017, según refleja el Anexo a los Presupuestos, ningún emprendedor sevillano ha solicitado acogerse a este beneficio fiscal, bien por desconocimiento de su existencia, bien porque ha abandonado antes de los periodos temporales establecidos para ello.
Tampoco se ha registrado en la Corporación Municipal a lo largo del año en curso la bonificación del 50% por la utilización de energías renovables o planes de transporte, ni la posible para vehículos conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
Basura y domiciliación
El Ayuntamiento también concede una reducción del 10 por ciento en la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos a los comercios que entreguen a los consumidores finales de sus productos bolsas biodegradables, pero no ha tenido oportunidad de tal concesión en 2017 porque ninguno lo ha solicitado, bien por desconocimiento, bien porque no utiliza bolsas de esas características, lo cual denotaría falta de sensibilización ecológica.
Por otra parte, no parece que muchos sevillanos se animen a domiciliar en sus bancos el pago de tributos municipales, ya que la exención del 1% por esta práctica sólo ha supuesto 25.431 euros a lo largo de 2017 y se mantiene similar previsión para el año próximo.
