Una empresa contratada por el Ayuntamiento ha inspeccionado uno por uno los 68 paneles fotovoltaicos que en tiempos de Alfredo Sánchez Monteseirín se instalaron en dependencias municipales, sobre todo en colegios públicos, y ha comprobado que debido a la falta de mantenimiento sólo funcionan 19, lo que supone un 28% del total. Se estima que 13 de ellos son irrecuperables, aunque el gobierno municipal hará todo lo posible por reactivar los que aún estén en condiciones.
En octubre de 2016, en el marco de un acuerdo en tal sentido con Izquierda Unida, que no ha cejado en este empeño, y Ciudadanos, el gobierno de Juan Espadas adjudicó a una empresa la revisión de todas las instalaciones fotovoltaicas existentes en edificios municipales, con predominio de los centros escolares, y en espacios públicos, donde se colocaron los denominados árboles solares, compuestos por varios paneles fotovoltaicos, como el existente en la rotonda de la avenida de Finlandia, en Los Bermejales.
La decisión de instalar los paneles fotovoltaicos se adoptó durante el mandato de Monteseirín, en el año 2003, en el seno de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad. Se consideró un proyecto emblemático que tenía por objeto promover desde la Administración Local el uso de la energía renovable (solar fotovoltaica) en edificios propiedad del Ayuntamiento.
Montaje y coste
El montaje de los paneles fotovoltaicos se prolongó a lo largo de nueve años, hasta el punto de que todavía no se había culminado el proyecto a la llegada de Juan Ignacio Zoido al gobierno municipal.
Así, en el periodo comprendido entre 2003 y 2012 se instalaron 68 paneles fotovoltaicos, con una potencia total de 400 kW y con un coste de unos 3 millones de euros.
Existía la percepción de que buena parte de estos paneles no estaban operativos, se habían estropeado o habían sido desconectados de la red eléctrica general, una percepción que ha sido confirmada tras la inspección realizada a lo largo de los últimos cinco meses.
Equipos formados por un ingeniero (industrial o de telecomunicaciones) y un técnico electricista, ambos con amplia experiencia en el sector fotovoltaico, han visitado todas y cada una de las 68 instalaciones y han inspeccionado el generador fotovoltaico, los inversores y la conexión a la red.
En cada caso se ha elaborado un informe de diagnóstico con los datos específicos, la seguridad, el estado de funcionamiento, la situación administrativa y un reportaje fotográfico.
El balance
En términos generales se ha comprobado que 19 de las 23 instalaciones de la primera fase del Grupo 1 están funcionando y facturando por venta de energía.
En el caso de la segunda fase del Grupo 1 (30 instalaciones), ninguna de ellas funciona, como tampoco los están haciendo las instalaciones del Grupo 2 y del Grupo 3. Al menos hay 13 no recuperables, por lo que deberían ser desmanteladas.
Tras este análisis, y teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos y económicos, para cada una de las instalaciones que no están en funcionamiento se determinan las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las mismas, su puesta en funcionamiento o su desmantelamiento en el caso en el que el periodo de retorno simple de la inversión a realizar para su reparación es superior a 10 años.
Los técnicos han elaborado una propuesta para la puesta en valor del conjunto recuperable, lo que podría permitir un ahorro de unas 150 toneladas de CO2 al año (unas 3.000 toneladas durante el reto de su vida útil), o el equivalente al consumo energético de unas 125 familias sevillanas al año.
