Una comisión judicial ha consumado este martes, finalmente, el desalojo ordenado por un juez sobre una vivienda de la calle Doctor Carlos Infante de Sevilla capital, después de que el propietario de la vivienda reclamase tal extremo al acumular los inquilinos del piso el impago de más de un año y medio de rentas de alquiler, a cuenta de su situación socioeconómica. Los afectados, una mujer y sus dos hijos, han sido realojados en uno de los pisos de la red de viviendas tuteladas del Ayuntamiento hispalense.
Hablamos de la vivienda correspondiente al 4D del número 12 de la calle Doctor Carlos Infante, en el distrito Macarena. La vivienda en cuestión pertenece a un particular y desde hace años, la tenía arrendada a una familia formada por una mujer y sus dos hijos de 17 y 21 años, toda vez que después de caer en el desempleo hace ya más de dos años, la familia habría acumulado impagos de múltiples mensualidades de la renta de alquiler. En concreto, la familia llevaría ya "un año y medio" sin hacer frente al pago del alquiler de la vivienda, al carecer de recursos para ello.
Como consecuencia de las acciones legales del propietario de la vivienda, la familia ya afrontó una primera orden de desalojo el pasado 17 de noviembre de 2016, aunque según las fuentes consultadas por Europa Press, aquel lanzamiento fue suspendido a petición propia del dueño del piso, quien había decidido conceder "más tiempo" a la familia, para que solucionase su situación.
DESALOJO CONSUMADO
No obstante, merced a las siguientes acciones judiciales promovidas por el dueño de la vivienda, una comisión judicial ha consumado este martes por la mañana la nueva y definitiva orden de desalojo, siendo la familia asistida por un equipo de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social del Ayuntamiento de Sevilla, que como solución temporal, ha resuelto trasladar a estas personas y a sus enseres a uno de los pisos de su red de viviendas tuteladas para personas desfavorecidas.
Fuentes municipales, en ese sentido, han precisado a Europa Press que la mujer que encabeza la familia acudió en noviembre a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento ante la orden de desalojo que pesaba entonces sobre la vivienda y aunque se le citó al menos "en tres ocasiones" para estudiar su caso, la mujer no habría asistido a las citas y habría recurrido de nuevo a los servicios sociales precisamente este lunes, el día previo a la nueva orden de desalojo.
