El comité de empresa y la junta de personal de la Diputación de Sevilla, compuestos por los sindicatos UGT, CCOO, USO, Ustea y SAT/SAB, ha denunciado ante la Fiscalía por prevaricación, falsedad documental y amenazas y coacciones al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; el director general del Área del Empleado Público, Francisco Joya, el secretario general y el interventor de la Diputación, junto a todos aquellos diputados socialistas que apoyaron en el Pleno la suspensión de diversos artículos del convenio colectivo y del acuerdo de funcionarios, tras el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía al respecto.
Cabe recordar que el Pleno de diciembre aprobó con el voto del PSOE, la abstención de PP y en contra de C's, Participa Sevilla e IU, la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución, tras el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio 2012.
Según dicho informe, tales aspectos "conculcan la normativa vigente", lo que ha desencadenado pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría General de la Diputación sobre no avalar las nóminas de enero de no ser corregido esto.
Ante esto, el comité de empresa y la junta de personal han presentado una denuncia ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla al entender que es "absolutamente falso" que se informara a los sindicatos de esta acción, por lo recogido en la moción aprobada al respecto es "rotundamente falso", elemento en el que basan la acusación de falsedad documental.
En la denuncia, recogida por Europa Press, explican que cuando se aprobaron el convenio y el acuerdo de funcionarios se dio cuenta a la Delegación del Gobierno del Estado y a la Junta, quienes no han "recurrido o interesado la suspensión" de éstos, además de haber sido aprobados con los informes favorables de la Secretaría General y la Intervención de la Diputación. Además, alegan que entre las funciones de la Cámara de Cuentas no está fiscalizar la estructura retributiva y que el informe es de 2012, "cuando lo que ahora se pretende dejar sin efecto son artículos de 2013-2015".
"Ha de entenderse que las recomendaciones de la Cámara, que no son vinculantes, no requerirían urgencia inmediata alguna de estudio y en absoluto autorizan 'actuaciones de oficio", indican, ante lo que contraponen las otras recomendaciones de asuntos "importantes" hechos a Diputación y "sobre los que no se ha actuado de forma inmediata". Critican que esto se produzca en la apertura de la negociación del nuevo convenio y ven "un presunto dolo y mala fe para presionar en la negociación".
DIPUTACIÓN, "ABIERTA" A LA NEGOCIACIÓN
Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Trinidad Argota, ha indicado a Europa Press que a la institución no ha llegado aún ninguna comunicación oficial desde la Fiscalía sobre la presentación de denuncias por parte de las centrales sindicales. En cualquier caso, como ya expresó en el pleno de 30 de diciembre, destaca que las centrales sindicales están "en su derecho de llevar a cabo cuantas acciones estimen oportunas".
"En la Diputación de Sevilla siempre estamos abiertos a la negociación, lo que no podemos es obviar nuestra obligación y responsabilidad de cumplir con la norma, y en este caso concreto, desde el equipo de gobierno, aunque no sea de nuestro agrado, debemos seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y acatar el informe tanto de la Intervención de Fondos como de la Secretaría General sobre estas recomendaciones de la entidad auditora", concluye.
