La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez que dicte auto de procedimiento abreviado contra tres de las cuatro personas imputadas por la muerte en diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra tras una intoxicación inhalatoria con fosfina procedente de unos tapones de plaguicida almacenados en el cuarto de baño de su vivienda.

   En un escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público solicita a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra que, tras la práctica de una serie de diligencias, procese a estos tres imputados por tres delitos de homicidio imprudente y un delito continuado contra el medio ambiente.

   Asimismo, y por los mismos delitos, solicita que se dicte auto de procedimiento abreviado contra las personas jurídicas Reciclados Nivel y Alansu S.L.. Además, y en este escrito fechado el pasado 25 de marzo, pide archivar la causa respecto a un cuarto imputado "por no resultar acreditada su participación en los hechos".

   De este modo, la Fiscalía ha pedido que se procese a la gerente de la empresa de gestión de residuos peligrosos Alansu S.L. y al encargado de la chatarrería Reciclados Nivel, así como a una tercera persona, todo ello en relación a una intoxicación por la que fallecieron el matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años.

   En su escrito, el Ministerio Público pide además la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se solicite a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que remita las resoluciones de 8 de agosto de 2006 y 22 de abril de 2010 en las que se autorizaba a Alansu como gestor de residuos peligrosos en su planta de Dos Hermanas, todo ello a fin de concretar su responsabilidad penal.

   En este sentido, interesa que remita también una copia del Proyecto Técnico y del Proyecto de Explotación presentados por esta empresa para obtener dichas autorizaciones, conforme a lo exigido por el artículo 26 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, que aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 básica de residuos tóxicos y peligrosos, según el escrito consultado por Europa Press.

   Así, y a la vista de esta regulación, la Fiscalía pide que, por la mencionada Delegación, se informe sobre si en el momento de obtener dichas autorizaciones para el funcionamiento de la planta de Dos Hermanas, Alansu proporcionó la identidad del personal exigido por dicho artículo.

NUEVAS DILIGENCIAS

   También interesa que informe sobre si se produjeron modificaciones posteriores en el personal de la planta y éstas fueron comunicadas en algún momento por la empresa a la Administración competente, concretando las consecuencias que produciría respecto a la autorización de funcionamiento concedida "el no contar con dicho personal en la planta".

   De igual modo, pide que la Junta informe sobre las funciones que desempeña cada una de las personas mencionadas en dicho artículo, en particular, el titulado superior especializado, el jefe de Laboratorio y los jefes de Explotación y de Mantenimiento, especificando la titulación concreta que deben ostentar para la realización de tales funciones.

   Igualmente, interesa que la Junta indique si la presencia de dichas personas en la planta de gestión de residuos es imprescindible de forma permanente o pueden desempeñar sus funciones a distancia, con visitas periódicas a la planta o por delegación, especificando si ello pueden hacerlo todos o algunos de los miembros de personal mencionados.

RECICLADOS NIVEL

   En relación con la responsabilidad penal de la empresa Reciclados Nivel, indica que la misma se constituye por sus socios como una sociedad civil, constando la venta o traspaso del negocio a una tercera persona.

   Al hilo, la Fiscalía solicita que la Policía Judicial realice un informe sobre las personas que trabajan en dicha empresa en la actualidad, actividad que se desarrolla en la misma, clientes o proveedores, todo ello con el fin de concertar si "nos encontramos ante una disolución encubierta o aparente de dicha persona jurídica".

   En su declaración, la gerente de la empresa de gestión de residuos peligrosos imputada aseguró que los tapones "fueron sacados" de la empresa "sin su consentimiento" en diciembre de 2013 --cuando ocurrió la tragedia--, añadiendo además que "pensaba" que Reciclados Nivel disponía de autorización de la Junta de Andalucía para la eliminación de residuos tóxicos.

   De su lado, el encargado de la chatarrería Reciclados Nivel afirmó en su declaración que desconocía que la partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos estuviera contaminada, pues "no sabía que tuviera elementos tóxicos y pensaba que los envases eran de aluminio".