Ya lo avisaba a finales de enero el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Jose Guerrero, en su informe sobre la situación de los juzgados de la capital y ahora es el Defensor del Pueblo el que abre una queja de oficio por las dilaciones en las causas mercantiles. La Junta contesta trasladando la responsabilidad al Gobierno central e instándole a crear de forma “urgente” más plazas de jueces.
Lo cierto es que la denuncia no es, en absoluto, nueva y ya la formalizó Francisco José Guerrero en el informe que remitía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En él alertaba de la sobrecarga de muchos de los juzgados de la ciudad cuya carga de trabajo estaba “muy por encima de los módulos” establecidos como “razonables”, pero hacía especial hincapié en el Mercantil, que recibieron en 2014 más de 5.600 asuntos nuevos y, de ellos, dos mil se refieren a cláusulas abusivas.
Ahora es el Defensor del Pueblo Andaluz el que abre una queja de oficio por la “dilación” de los asuntos en los juzgados de lo Mercantil, ante lo cual la Consejería de Justicia, a través de una nota de prensa, pedía la creación “urgente” de más plazas de jueces para dar respuesta a la “situación de saturación” de los juzgados de lo Mercantil, aunque lo hacía extensivo a toda Andalucía, y lo consideraba “un problema genérico que afecta a toda la jurisdicción por el alto volumen de casos derivado de la crisis económica”.
Para la Junta, es un problema originado fundamentalmente por la “insuficiente dotación de órganos judiciales y jueces para cubrir la demanda creciente en este ámbito jurídico”, insistiendo en que es al Gobierno central “a quien corresponde ampliar las plazas de jueces, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Según la Junta, la Consejería ya ha elevado “en repetidas ocasiones” al Ministerio de Justicia un programa para la creación de nuevos órganos judiciales en Andalucía, teniendo en cuenta la media de asuntos registrados anualmente por cada juzgado y la comparación de esta carga de trabajo con la que el Consejo General del Poder Judicial considera como idónea.
Hasta la fecha, esta petición de la Junta no ha tenido respuesta por parte del Ministerio, que en los últimos años “no ha dotado a estos juzgados ni a otros órdenes jurisdiccionales de los jueces y magistrados suficientes para dar respuesta a la difícil situación que atraviesan, como ocurre también en los juzgados de los Social”.
La Consejería ha considerado que Sevilla y Andalucía padecen “un importante déficit de jueces y magistrados que colocan a la provincia y a la comunidad autónoma muy por debajo del nivel europeo y nacional”. En este sentido, la ratio de Andalucía es de “diez jueces por cada 100.000 habitantes”, muy por debajo de la media europea que se eleva a 21 jueces, y de la española que asciende a once.
Defiende su actuación la Junta apuntando que, dentro de sus competencias, ha llevado a cabo una serie de medidas para contribuir a reducir los niveles de pendencia y litigiosidad, como “la asignación de diversos refuerzos distribuidos”. Según Justicia, los juzgados de lo Mercantil cuentan “con más de una veintena de refuerzos en toda Andalucía, además de garantizar el mantenimiento al 100 por cien de las plantillas de funcionarios, cubriendo las bajas de larga duración o las vacantes que se producen”.
La queja del Defensor por las dilaciones excesivas
El Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado una queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por la situación que padecen los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, que soportan importantes “dilaciones” y un volumen de asuntos muy superior a los establecidos.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pone de manifiesto que “desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía”.
