La Fiscalía de Sevilla reclama para Juan Lucio R.R. y Lucio R.J., padre e hijo, sendas penas de cuatro años de cárcel y sendas multas valoradas en 20.250 euros, por "afecciones graves al ecosistema y al medio ambiente", cometidas presuntamente al explotar una cantera de Pruna superando "abiertamente" las autorizaciones y condicionantes que pesaban sobre el yacimiento, del que habrían hecho una gestión directamente "descontrolada", con un incumplimiento "grosero" de las previsiones iniciales.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público trata el devenir de la sección minera perteneciente al municipio de Pruna, en la Sierra Sur, y conocida como El Romeral. El yacimiento minero contaba con una declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada en 1994 y en 2003, la sociedad Áridos Pruna adquirió sus derechos de explotación, para una cantera de tipo A, siempre sometida a la citada declaración de impacto ambiental, que se acotaba a unas cinco hectáreas de superficie, con taludes nunca superiores a cuatro metros y la prohibición "expresa" de modificaciones en la explotación sin la previa autorización.
Pero Lucio R.J.. y Juan Lucio R.R., a través de la citada sociedad y de Paveco Hormigones, gestionada por el segundo de ellos, el padre, explotaron el yacimiento minero de El Romeral "excediendo de forma esencial" los términos de los derechos adquiridos e "incumpliendo palmariamente" los condicionantes, pues "llevaron a cabo una auténtica explotación minera" de tipo C, incluso con "una planta de hormigón dentro del recinto de la cantera".
"MUCHAS MÁS SUPERFICIE"
"Los acusados fueron explotando mucha más superficie (unas 15 hectáreas) en el mismo enclave y pusieron en servicio, sin licencia municipal, una planta de trituración y clasificación que obtuvo informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, así como una planta dosificadora de hormigón", señala el fiscal, según el cual los acusados "realizaron actividades de extracción de áridos y tratamiento posterior y pusieron en funcionamiento la planta de hormigón sin contar con una declaración favorable de impacto ambiental, amparándose en una DIA inicial de 1994 cuyos condicionantes incumplieron abiertamente", pues los taludes de la explotación, por ejemplo, alcanzaron los 50 metros de altura, muy por encima de los cuatro metros fijados por la DIA de 1994.
"Tanto las dimensiones que adquirió la explotación sin control, su expansión a terrenos superiores a los previstos, como la formación de taludes descrita, superaban de forma grosera y descontrolada las previsiones iniciales, lo que supone una grave agresión a los elementos naturales estables y una afección grave al ecosistema y al medio ambiente, valorada en 381.401 euros".
La Fiscalía, así, les atribuye delitos de daños y contra el medio ambiente, solicitando para cada uno de ellos cuatro años y un día de cárcel y sendas multas de 11.250 euros por el delito contra el medio ambiente y multas de 9.000 euros por el delito de daños. Igualmente, solicita para José Luis M.F., como "cooperador necesario", tres años de cárcel y dos multas por un valor total de 18.000 euros.
