El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado este miércoles que se pueda interpretar como prevaricación los choques que la juez Mercedes Alaya pueda tener con el Congreso, el Tribunal Superior de Andalucía u otras instancias en la instrucción del caso de los ERE irregulares.
En declaraciones en el Congreso, donde ha entregado al presidente de la Cámara, Jesús Posada, el Libro Blanco del Ministerio Fiscal, Torres-Dulce ha sido preguntado por la instrucción que está llevando a cabo la juez Alaya y su reciente conflicto con el Congreso y el Senado, donde hace dos semanas quiso enviar el auto de preimputación de los aforados sin pasar por el Tribunal Supremo.
A su juicio, las "formalidades procesales están precisamente para garantizar la pureza del procedimiento judicial" y la Fiscalía vela por ello, pero al mismo tiempo también es "muy respetuosa" con la independencia.
"La Fiscalía ya ha expresado su deseo de máxima celeridad, máxima concentración, máxima responsabilidad y de respeto absoluto a las competencias --ha comentado--. Nuestros criterios siempre son respeto de la garantías y, si es posible el máximo impulso de actividad y de rapidez en la celeridad de los procesos, lo cual nunca es incompatible con las garantías y el respeto a la independencia judicial".
Sin embargo, no cree que la decisión de la juez Alaya de saltarse al Tribunal Supremo tenga la entidad para calificarla de prevaricación, como han sugerido algunos de los afectados, como el expresidente Manuel Chaves.
"Es una interpretación errónea --ha dicho--. El delito de prevaricación se basa en una decisión manifiestamente injusta y el Tribunal Supremo ya dijo que debe ser de una magnitud tan injusta que lo que puede ser simplemente un error o una trascendencia de carácter administrativo procesal. No creo que de modo alguno debe entenderse como un acto de prevaricación".
En cuanto al hecho de que el Tribunal Superuior de Andalucía haya 'desimputado' a algunos de los altos cargos señalados por la juez, ha indicado que también la Fiscalía sopesa si existen datos suficientes para una imputación y tiene los recursos oportunos para recurrir ante instancias superiores, sin dejar de respetar las decisiones judiciales.
"Todo lo que signifique deslegitimar actuaciones del Poder Judicial hace un flaco servicio a la credibilidad del sistema y a la confianza que todos debemos tener en las instituciones, nos den o nos quiten la razón en términos estrictamente de legalidad", ha subrayado.
