El Ministerio de Hacienda ha emitido con fecha 5 de marzo una nota explicativa de 28 páginas sobre la Reforma Local que sigue dejando en el aire la Zona Franca en el puerto de Sevilla o, al menos, la participación del Ayuntamiento de la ciudad en la misma, ya que en su documento el Ministerio mantiene el veto para corporaciones municipales que, como la hispalense, decidieron acogerse al Plan de Ajuste.
La nota aclaratoria del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, profundiza en cinco aspectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: 1) Clarificación de competencias, 2) Racionalización de la estructura local; 3) Regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales; 4) Racionalización del empleo público; y 5) Control financiero y presupuestario más riguroso e Impulso de la actividad económica.
A la hora de hablar del redimensionamiento del sector público local, la nota aclaratoria se refiere especialmente (página 11) a las entidades locales que tengan un Plan Económico-Financiero o de Ajuste que estén aplicando, caso en el que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla. En este supuesto, Hacienda ratifica que durante la vigencia de dichos planes ni los ayuntamientos ni sus organismos autónomos podrán “adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes”.
Por tanto, el Ministerio mantiene el veto a que se siga engordando el organigrama municipal con la creación de nuevos entes, como sería el caso de la Zona Franca del puerto de Sevilla que promueve el Ayuntamiento, por lo que en la hipótesis de que siga adelante debería hacerlo sin el Consistorio, de no mediar un cambio en las actuales circunstancias. Por ello, el Gobierno estudia ahora la aprobación de una disposición que incluir en otra norma y que permita soslayar este tipo de efectos de su Reforma Local.
Actualmente al menos y conforme a la nota aclaratoria de Hacienda, el Ayuntamiento no puede crear el consorcio de la Zona Franca y si pudiera crearlo se encontraría con un segundo obstáculo que impone el documento de Hacienda: tampoco podría realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital.
En este aspecto, la nota de Hacienda abunda en la excepción prevista en la propia ley de Reforma Local, referida a tres puntos concretos: 1) Que se alcance el objetivo de estabilidad presupuestaria o de superávit; 2) que se logre el objetivo de deuda pública; y 3) que el periodo medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
Actualmente, el Ayuntamiento incumple esta tercera condición, ya que según el último informe de la Intervención Municipal sobre el cuarto trimestre de 2013, se está pagando a los proveedores con una demora de 81,5 días.
Cabe colegir por la nota aclaratoria de Hacienda que si se permite superar en 30 días el plazo máximo previsto, que ya es de 30 días, el límite quedaría fijado en 60 días. Así pues, al Ayuntamiento de Sevilla le bastaría reducir su demora en veintiuno para empezar a pagar a sus proveedores en esos 60 días. No obstante, el alcalde prometió en el último Pleno que la meta es realizar los abonos en un plazo de 20 a 25 días.
Zoido podrá cobrar cien mil euros
La nota aclaratoria del Ministerio también se refiere a los límites salariales para los miembros de los ayuntamientos y por todos los conceptos retributivos: sueldo, complemento de destino, complemento específico, productividad y dos pagas extraordinarias. La retribución de los alcaldes se fundamenta en dos criterios fundamentales: la naturaleza de la corporación local y el número de habitantes del municipio.
Dado que Sevilla tiene más de 500.000 habitantes, Juan Ignacio Zoido tendría derecho a percibir como alcalde y por todos los conceptos una retribución máxima de cien mil euros anuales. Por su parte, Francisco Toscano, como alcalde de la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, podría cobrar un máximo de 75.000, mientras Antonio Gutiérrez Limones, como alcalde del tercer municipio más poblado, Alcalá de Guadaíra, un máximo de 65.000 euros.
