El concejal del Grupo Socialista Juan Carlos Cabrera ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones de Parados Mayores de 40 años (PM40) y con la Asociación Sevillana de Inválidos Civiles (ASIC), de las que forman parte más de 250 personas, para analizar su situación ante la falta de regulación sobre su situación que está provocando que sean considerados 'aparcacoches' "ilegales y, por tanto, sancionados en cumplimiento de la ordenanza de convivencia y seguridad".
"La ordenanza preveía la posibilidad de firmar convenios y de autorizar a determinados colectivos a ejercer funciones de 'aparcacoches' de forma legal y, por tanto, se pueden estudiar posibilidades como llegar a acuerdos para que presten sus servicios en determinados espacios o con motivo de la celebración de eventos en la ciudad", explica el concejal socialista, quien reclama al gobierno de Juan Ignacio Zoido que reciba a estas entidades, "que representan a más de 250 familias de desempleados y que durante muchos años trabajaron de forma regularizada a través de un convenio con el Ayuntamiento", explica Cabrera.
Los representantes de las dos asociaciones trasladaron al Grupo Socialista su "preocupación" ante el "desinterés" por parte del gobierno de Zoido en buscar una solución para su situación y por buscar una fórmula que permita un trato diferenciado a los 'gorrillas'.
"Son entidades que durante mucho tiempo ejercieron una labor regularizada por el Ayuntamiento y que ahora son perseguido como 'aparcacoches' ilegales y reciben decenas de multas al día", señala el edil socialista, que apunta que "no se trata de que se haga una excepción con ellos de la ordenanza, sino todo lo contrario, que se apliquen figuras previstas en las ordenanzas para determinados solares públicos que se usan o que se pueden usar como aparcamientos en superficie, como ocurre en otras ciudades, y que, de hecho, las propias entidades a través de convenio puedan pagar incluso un canon".
Cabrera critica, en cualquier caso, que el gobierno de Zoido se haya "negado" a escucharles o a tratar de buscar opciones para unas entidades formadas por desempleados en riesgo de exclusión social y se "haya limitado a aplicarles las sanciones económicas de la ordenanza".
"El gobierno de Zoido, parece que sólo entiende de multas y se olvida de otros aspectos de la normativa que estaban diseñados para la encontrar soluciones a medio y largo plazo", concluye el concejal socialista.
