La Gerencia de Urbanismo modificará los criterios de adjudicación de las viviendas del parque social, unos criterios recogidos en las normas de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler temporal para Personas Mayores y para supuestos de Emergecia Social,  aprobadas en 2006 y en 2008, respectivamente, y desde ayer suspendidas por la Gerencia de Urbanismo en el seno de su Consejo de Gobierno.

Amparándose en una serie de “deficiencias detectadas en su aplicación” y en “la falta de requisitos que establezcan con precisión qué situaciones son prioritarias”, la Gerencia de Urbanismo ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso Viva Sevilla, en el que se recogen las modificaciones a llevar a cabo, y que entrarían en vigor en un plazo no superior a dos meses.

Entre los cambios que se aplicarán a los criterios actuales destaca la “intención  de subir las rentas a los adjudicatarios”, algo que han denunciado los grupos municipales de IU y PSOE en el Ayuntamiento, que ayer se opusieron rotundamente a la suspensión de la normativa.

Así, y según los nuevos criterios de adjudicación propuestos, las rentas a pagar, según el PSOE, “podrían superar el 5% de los ingresos de las familias, hasta ahora tope, dado  que se trata de familias que no superan 1,5 veces el salario mínimo”.

Además, y entre otros cambios recogidos en el informe de Urbanismo, “se eliminará la atención especial a aquellos casos en los que exista una minusvalía superior al 65%” y la “obligatoriedad de que los contratos de arrendamientos tengan que ajustarse a una duración inferior a un año” (hasta ahora cinco).

Al respecto, y según el portavoz de los socialistas en el Consistorio, Juan Espadas, suspender “sin más” la aplicación de estas normativas, sin “otras normas que sustituyan” los textos anulados, supone crear “un vacío legal” que “conllevará más retrasos, más indefenición e inseguridad”.

Por su parte, su homólogo en IU, Antonio Rodrigo Torrijos, avisó que esto supone “el certificado de defunción” de las políticas de solidaridad puestas en marcha por el anterior gobierno local a través de la creación del Parque Social de Vivienda y de la Oficina de Atención al Inquilino en situación de abusos (Otainsa), instrumentos eliminados por el PP.

Así, para evitar “el endurecimiento de los requisitos”, Torrijos reclama la recuperación del Consejo Municipal de la Vivienda para que los criteros de adjudicación no sean potestad exclusiva del gobierno local, sino también de los agentes sociales y de las entidades solidarias sevillanas.

En tanto, y en respuesta al PSOE e IU, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, tachó de “sorprendente” que la oposición rechace “unos acuerdos que suponen una mejora en la gestión”.