El Gobierno andaluz interpondrá un recurso de apelación y, "si fuera necesario, apelará al Tribunal Supremo" (TS), contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra Boliden Apirsa por su responsabilidad en el pago del coste de la limpieza y regeneración del terreno afectado por la rotura de su balsa minera --89 millones de euros-- en Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998.

Así lo ha anunciado el Ejecutivo andaluz en un comunicado en el que traslada que "respeta las resoluciones judiciales y, por tanto, esta sentencia" que, según ha remarcado, "no es firme", y se ha declarado "convencido de la existencia de la responsabilidad del grupo Boliden".

Desde la Junta argumentan que dicha sentencia, "frente a un supuesto del que no existen precedentes ni, por tanto, jurisprudencia ni doctrina, parte de una interpretación jurídica del marco normativo aplicable hace 25 años que no comparte el Gobierno andaluz".

Así, la sentencia "niega la suficiencia de dicho marco normativo vigente en 1998 para amparar la reclamación de la comunidad andaluza, dejando imprejuzgada la cuestión de la responsabilidad del grupo Boliden", avisa la Junta, que señala además "la desafortunada circunstancia, no imputable en ningún caso al actual Gobierno andaluz, de que la Administración autonómica se ha visto abocada a 25 años de peregrinaje jurisdiccional, puesto que se intentó pedir responsabilidades por la vía civil, y el mismo juzgado que ahora ha dictado la sentencia se declaró incompetente y llevó a la Junta a acudir a la vía administrativa, hasta que finalmente el Tribunal Supremo devolvió la demanda al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla".

Desde la Junta han subrayado además que "tanto la responsabilidad de Boliden por las consecuencias derivadas del accidente minero, como el hecho de que la rotura del dique es exclusivamente imputable a su actuación, han sido ya declaradas por sentencia firme".

Así, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 22 de noviembre de 2004 le condena al pago de más de 40 millones de euros por los daños causados al dominio público hidráulico, mientras que la del mismo alto tribunal del 11 de enero de 2012 resolvió "la reclamación presentada por la empresa frente a los autores de los proyectos y ejecutores de las obras, a los que pretendía reclamar la responsabilidad por la rotura".

Dicha sentencia señaló, literalmente, que "lo que sí queda palmariamente acreditado es que la actora hoy apelante gestionó los vertidos de residuos de la balsa, apartándose de los proyectos, mezclando vertidos de residuos en vez de separarlos, inyectando en la balsa líquidos para los que no estaba proyectada, construyendo a pie del dique una batería de pozos de drenaje, lo que comporta la disminución de la estabilidad del dique, habiendo hecho la actora (Boliden) un incorrecto recrecimiento del mismo, que conlleva necesariamente el incremento de las presiones intersticiales, siendo la causa directa de la rotura del dique, ajena a los trabajos realizados por Intecsa, Geocisa o por ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA, por lo que no es correcto responsabilizarlas de la rotura de la balsa, y menos aún de los daños causados".

A lo dicho debe añadirse, según la Junta, que Bolidén Apirsa, S.L. "se encuentra incursa en un procedimiento concursal en el que se ha solicitado por los administradores concursales la declaración de culpabilidad del concurso".

DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DE LA JUNTA

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "uno de los principales valores que defiende hoy la Junta de Andalucía es el del respeto más absoluto a nuestro entorno natural y, por supuesto, con el principio de que quien contamina, paga".

"Estamos convencidos de la existencia de una responsabilidad por parte del Boliden, y tenemos la firme intención de recurrir esta sentencia, primero en apelación y llegar, si fuera necesario, hasta el Tribunal Supremo", ha insistido.

El consejero ha hablado de "una muy mala noticia para Andalucía" y "para el medio ambiente en un momento en el que la protección del entorno natural se convierte en objetivo fundamental de nuestro ordenamiento jurídico", y ha subrayado que la Junta "ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero de cuya responsabilidad es exclusiva del Grupo Boliden", según ha remachado.