El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves por vía telemática, ha aprobado una moción de Adelante apoyada por el PSOE y ante la cual el PP, Cs y Vox han votado en contra; en demanda de rechazar la proposición de ley promovida en el Parlamento de Andalucía por el PP, Cs y Vox al objeto de modificar la Ley Forestal andaluza y el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
En dicha moción, defendida por la portavoz de Adelante, María Izquierdo, la coalición de izquierdas recuerda las "amenazas" afrontadas por Doñana, un entorno protegido en una parte como Parque Nacional, sector declarado además Patrimonio Mundial en 1994; y en otra como parque natural.
Al punto, la moción avisa de que "si hay una amenaza que se expresa con toda intensidad sobre Doñana y que compromete su futuro es la de la sobreexplotación de sus recursos hídricos", pues múltiples estudios constatan que "el acuífero que surte a Doñana sufre una sobreexplotación que pone en peligro el futuro del parque".
En paralelo, la propuesta defiende el "consenso" alcanzado en 2014 respecto al Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que "garantiza y da seguridad jurídica al ejercicio de la agricultura intensiva de regadío en la zona, al tiempo que limita su expansión y establece una serie de determinaciones y actuaciones para hacerla compatible con la conservación presente y futura de Doñana".
"Voluntad política"
Empero, por falta de "voluntad política" para ejecutar adecuadamente dicho instrumento normativo, en los últimos años ha pesado la declaración del acuífero como sobreexplotado por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), además de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea de junio de 2021 condenando a España por incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Hábitat naturales, según Adelante.
En ese sentido, la coalición de izquierdas avisa de que la proposición de ley impulsada por el PP, Cs y Vox en el Parlamento de Andalucía para modificar la Ley Forestal andaluza y el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana implica "la regularización de hasta 1.500 hectáreas nuevas (de cultivos sin permiso de riego) rompiendo los consensos establecidos", en contra de "las advertencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de no existencia de recursos hídricos para aumentar la superficie regable" y poniendo en riesgo "el futuro" de este entorno natural.
"La realidad es que no hay agua para que el regadío crezca", ha enfatizado María Izquierdo, recordando el contexto de sequía y los "exiguos" recursos hídricos.
Dado el caso, la moción aboga por rechazar la citada proposición de ley y reclama la ejecución de las determinaciones contenidas en el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana aprobado en diciembre de 2014.
Además, el texto llama a "impulsar un gran acuerdo por el blindaje ambiental de Doñana y un modelo de desarrollo para su entorno que garantice que la creación de empleo local esté ligada a la protección de la biodiversidad".
"Seguridad jurídica"
Frente a ello, el diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha defendido que la mencionada proposición de ley implica "una calificación más justa con el uso tradicional del terreno" en una zona "deprimida económicamente", aportando "seguridad jurídica a los agricultores" para que puedan continuar con sus cultivos. "Se trata de que los que han tenido agua para regar sigan teniéndola para cultivar y de manera legal", ha enfatizado negando que la regulación prevista implique un "riesgo" mediambiental para Doñana.
La portavoz de Cs, Carmen Santa María, ha manifestado que el Plan de Ordenación de Regadíos de 2014 ha resultado un instrumento de "difícil ejecución", exponiendo que se trata de un "problema heredado" a cuenta de los anteriores gobiernos autonómicos del PSOE.
"Los regantes llevan décadas ejerciendo unos derechos que no les son reconocidos", ha enfatizado defendiendo que la idea de la proposición de ley es "resolver la situación derivada de la dejación" de los gobiernos autonómicos del PSOE, combinando "la prioridad de proteger Doñana" con el "desarrollo" socioeconómico d la zona. Ello, según ha dicho, con "flexibilidad" y debatiendo con todas las partes para cerrar un texto definitivo.
La verdadera "solución"
Desde el PP, de su lado, su portavoz ha asegurado que el Plan de Ordenación de Regadíos de 2014 fue diseñado "de espaldas al sector" y de los municipios de la zona, alegando que las obras del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir es la verdadera "solución" pero "no se ha hecho nada" al respecto, extremo que ha recriminado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos.
Además, ha defendido que "ni una sola" de las hectáreas abarcadas por la proposición de ley "está dentro" de las zonas protegidas de Doñana, agregando que el actual Gobierno andaluz de PP y Cs ha "sellado 300 pozos ilegales" en la zona. "Vamos a hacer justicia con los agricultores", ha enfatizado.
La socialista Trinidad Argota, de su lado, ha avisado de que la mencionada proposición de ley constituye todo un "engaño" a los agricultores del entorno al que se dirige y "preocupa a los mercados". Además, según la diputada socialista, "genera incertidumbre" entre los propios agricultores, ahora divididos.
En ese sentido, ha opinado que todo consiste en un "anuncio electoral" del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, de cara a las elecciones autonómicas de este año, siendo la moción aprobada con el apoyo de Adelante y el PSOE y el voto contrario del PP, Cs y Vox.
