Hasta ahora se ha hablado de un plan A para la Casería de Ossio, que implica mantener todas las casetas y los establecimientos hosteleros en un alarde de optimismo que roza la legítima esperanza que es lo único que se pierde y la demagogia política desde los cuatro puntos cardinales. 

Existe también, como es lógico, un plan B que es el que terminará -al menos al día de hoy que no es cuestión de cortar de raíz las esperanzas de nadie- imponiéndose y que pasa por que el Ayuntamiento de San Fernando, con cargo a sus presupuestos, habilite las casetas fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre para todos aquellos pescadores que acrediten su condición de tales.

Nadie ha hablado todavía del plan A-1 que es el que va en medio de los dos y que tiene muchas más complicaciones incluso que el primero, porque a todas luces va a crear problemas entre las personas afectadas en estos momentos, entendiéndose por afectadas a aquellas que hacen uso de una caseta, sea para guardar las artes de pesca o para otras labores.

En el caso de que el Plan A saliera adelante, lo que depende de la Junta de Andalucía en primer lugar y de Costas, organismo este último que es el que lleva adelante con mano firme el expediente de reposición de las casetas y uno de los locales hosteleros, se abriría todo un proceso administrativo para dar forma física y jurídica a esa declaración de interés público.

Como es lógico, conseguida la mayor, las casetas y establecimientos hosteleros de la Casería no podrían seguir igual que ahora sino que entrarían en un proceso de mejora en el alcantarillado, el agua corriente y la luz eléctrica, porque ninguna figura jurídica de conservación de un entorno, menos si está habitado por personas, puede permitir la infravivienda y mucho menos promoverla en aras de ninguna autenticidad.

Eso llevaría a que el Ayuntamiento tendría que ponerse manos a la obra para llevar hasta el mismo nivel del mar un sistema de alcantarillado y de agua potable del que los agraciados por la declaración de interés general podrían beneficiarse una vez realizada -esta vez con cargo a los fondos de los particulares- las acometidas a las redes públicas.

Luego vendría otra cuestión similar a la anterior pero que dependería de la eléctrica de turno, que en San Fernando es Endesa. Sería ésta la que debería llevar la línea hasta el Dominio Público Marítimo Terrestre una línea para abastecer el mucho más de medio centenar de casetas y los establecimientos.

Después de eso, el propio Ayuntamiento tendría que haber obligado a realizar u obligar a realizar en el interior de las casetas las mejoras necesarias para que cumplan con los estándares de salubridad propios de su uso -casetas para las artes, no casas para vivir u otros usos indeterminados-, obviamente también con cargo a las economías de los ocupantes actuales.

 

El problema del Plan A-1

O sea, que una cosa es mantener el colorido y la belleza de un paisaje -que no a todos les gusta porque para gustos los colores- y otra muy distintas mantener la precariedad y las condiciones inadecuadas que presentan en determinados casos, mucho más si se asocian al uso que se les da que como todo el mundo sabe -el ayuntamiento también- es diverso.

 Y ahí es donde llega el problema del plan A-1, que como el Plan A también se puede poner difícil. Pero adelante con la esperanza.

 Para que cada uno de los usuarios de aquellas casetas y al menos de uno de los bares -el otro tiene una concesión con fecha de caducidad más otra prórroga- puedan acceder a esas acometidas a las redes de agua alcantarillado, además de la electricidad, tienen que acreditar fehacientemente la propiedad de las misma y lo tienen que hacer con escrituras públicas en el mejor de las casos.

Es verdad que hay que documentos en poder de muchos de ellos que podrían ser algo parecido a un permiso o a una concesión realizada antes de la aprobación de la Ley de Costas, toda vez que aquella zona tal y como está e incluso peor que está ahora, se pierde en el siglo pasado.



Una de las autorizaciones concedidas con fecha de caducidad. Pero se pone en duda que esas concesiones o permisos puedan ser interpretados como documentos de propiedad de un trozo del dominio público e incluso se dude de que tal concesión siga en vigor.

Las dudas sobre esa legitimidad que pudiera esgrimir han sido objeto de juicio en los tribunales y de sentencia sobre la misma. En 2003 ya se documentó que los actuales ocupantes de casetas y bares no tenían ningún derecho en la zona e incluso llegó a los Juzgados de lo Contencioso en 2005 y la sentencia fue en contra de ellos, aunque no se llegó a ejecutar la demolición.

Hay quien piensa que al no llevarse a cabo la demolición la sentencia ya no está en vigor y que en el mejor de los casos la propiedad que se defiende tendría que pasar de nuevo por los tribunales que a buen seguro harían uso de los mismos argumentos que en 2005 y el resultado será el mismo. O no, dicen a la hora de agarrarse a un clavo ardiendo. O no en todos los casos, minorando las consecuencias que tendría para el proyecto de declaración de interés general.

En el peor de los casos, e incluso en los menos lesivos para los ocupantes actuales -que a algunos se les reconociera algún derecho sobre el uso, que no sobre la propiedad que es DPMT- el Ayuntamiento de encontraría con una zona que tendría que dotar de acometidas de agua y alcantarillado, con la obligación de arreglar las casetas, pasillos, luminarias, sistemas contraincendios… para nadie o para media docena de personas. Pongamos que son más.

La declaración de interés general pasaría a generar un espacio en el que al Ayuntamiento sería el responsable total y tendría que estudiar cómo proceder a minorar los costes mediante concesiones a personas que cumplieran los requisitos que están sobre la mesa de la Administración local, que aquello son casetas de pescadores y nada más. 

¿Hay medio centenar de pescadores profesionales en la Casería en esa Asociación de Pesca Tradicional que se está intentando implementar desde el Ayuntamiento?

Como se ve, los partidos políticos -sobre todo los de la oposición- están animando a los vecinos a que protestan ante el equipo de Gobierno que es el que están dando los pasos pertinentes, incluido el plan B que constarían de la construcción de casetas para pescadores fuera del DPMT con cargo a las arcas municipales y mediante cesión a los profesionales mientras se dediquen a ello.

Pero no se lo han dicho todo. En términos generales les han dicho que van a pelear porque se queden como están, pero no que tendrán que pagar acometidas, arreglos de las casetas si hubiera lugar y después su mantenimiento y el coste de impuestos y tasas como todo hijo de vecinos. A personas que a veces sacan del mar lo indispensable para vivir y otros ni eso.

 

La foto del atrio

La oposición en pleno, desde Vox hasta Podemos pasando por el Partido Popular y Andalucía por Sí, juntos pero no revueltos, convocaron una rueda de prensa el viernes pasado con un mensaje que textualmente decía que los arriba firmantes “ofrecerán una rueda de prensa conjunta para informar sobre una iniciativa en relación a La Casería”.

Quien es bien pensado espera de esta “inicitiva” que el Partido Popular, que gobierna en Andalucía y es la Junta la que tiene que abrir el expediente de interés público, haya hecho gestiones al menos para que sus compañeros de la Junta digan al menos esta boca es mía. O que Podemos que cogobierna en Madrid hasta llevado a alguna mesa la reivindicación con destino a Costas.

Puestos a pensar en que la oposición se ha movido, hasta Vox se podía haber sentado delante de quen correspondiera en el Hospital de las Cinco Llagas para pedir que intercedar ante PP y Ciudadanos o votan en contra de algo. En ese plan, vamos.

AxSí, obviamente, no tiene quien le escuche y sólo se esperaba su buena voluntad uy sus aportaciones a la “iniciativa” que anunciaron, que alguien creyó que era novedosa, una especie de alternativa o plan C, ya que estamos.

Pues no. Después de un pasillo de comedia en el Registro del Ayuntamiento, con repetición de poses de firmas, de lo que se trataba la foto del atrio era de exigir al Gobierno municipal respuestas a los silencios de las Administraciones a la declaración de interés general.

O sea, que Cavada de aligere que como ya se ha dicho, el nivel del agua va a subir 20 centímetros en 2030. Y así sucesivamente.