Podemos denuncia que la Junta de Andalucía planea el cierre de 94 camas y de 11 de los 19 quirófanos en verano “para hacer obras en los controles” en el Hospital Puerta del Mar, detalla Ana Rojas, portavoz de la formación. “Esto afectará a San Fernando en el cierre de 22 camas de Medicina Interna y tres quirófanos de los cinco que hay en el Hospital San Carlos”, según ha anunciado la gerencia del Hospital Puerta del Mar, del que depende el centro isleño.
A este cierre se suman el de los centros de primaria por las tardes en diferentes ciudades gaditanas y andaluzas “por la falta de contratación de personal” y ya hay sindicatos que han denunciado que no se van a cubrir todas las vacaciones del personal sanitario, “sobrecargando el servicio, precarizándolo y dando como única solución la derivación a centros privados, que siguen enriqueciéndose con dinero público”.
Después de tres meses en los que la pandemia ha sido más virulenta, “y en los que se ha demostrado que la sanidad pública necesita más recursos, el tripartito de derechas decide cerrar camas, no cubrir las vacaciones y dejar a los isleños sin cobertura sanitaria pública de calidad”. Durante estos estos tres meses se han suspendido consultas, pruebas e intervenciones médicas “que colapsarán el servicio durante el verano y subirán las listas de espera, precisamente cuando la población sube en la zona por las visitas y el turismo”.
Rojas ha insistido también en los planes de la Junta “por deteriorar la sanidad pública eliminando recursos y servicios hasta su privatización” y pide al gobierno local que interceda y defienda los servicios públicos públicamente, recordando que aún está pendiente la puesta en marcha del centro de atención primaria de Camposoto, que sigue sin licitarse, otro ejemplo de la “dejadez” del gobierno del PP-Cs y su socio ultra Vox, especialmente con San Fernando.
En nuestra ciudad los últimos meses se han denunciado goteras e inundaciones en el Centro de Salud Cayetano Roldán y falta de personal en el centro Joaquín Pece, en la Ardila. Pero a estas denuncias de trabajadores y usuarios del sector sanitario, se suman también las críticas a la Junta por los 256 menores que dejaron fuera del plan de alimentación SYGA en pleno estado de alarma al cerrar las solicitudes de manera arbitraria y el intento de impedir la solicitud de la Renta Mínima de Inserción andaluza a las familias que soliciten el Ingreso Mínimo Vital estatal, reculando horas después.
