El delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha recordado hoy que es una obligación de la Junta de Andalucía hacer las pruebas de detección del Covid-19 a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -incluidas las Policías Locales-, ya que así le transfirió la competencia el Gobierno central durante esta crisis sanitaria.
Es más, como ha recordado Rodríguez, “el Gobierno andaluz es el que tiene la potestad de autorizar y homologar las pruebas que se realizan, como bien se han encargado de recordar sus dirigentes en diferentes ocasiones a los municipios”.
“Nos alegramos de por fin asuman esa obligación que incluye, como se ha hecho ya en San Fernando, pruebas al personal de la Ayuda a Domicilio, a las personas sin hogar de los dos albergues (el de San Vicente de Paúl y el provisional) y a los usuarios de las entidades asistenciales”, ha apuntado el delegado de Presidencia, que recuerda que “también dijeron que se harían los tests a los usuarios de la Ayuda a Domicilio, pero ésos aún no se han llegado a realizar”.
También ha recordado que “ahora debe agilizar que esos tests se realizan también como es su obligación a los miembros de Protección Civil, así como a todas las plantillas de los servicios que se vayan incorporando y abriendo, y en los que haya posibilidad de riesgo y movilidad”.
En este sentido, Rodríguez ha enfatizado que “en nuestro caso el personal de los Servicios Sociales también debería ser sometido a las pruebas porque están en primera línea desde el principio de esta crisis, así como los que se vayan sumando de forman presencial a sus obligaciones”.
El delegado ha dejado claro que el Ayuntamiento viene trabajando de la mano de la empresa externa de prevención de riesgos, y junto al comité de seguridad y salud municipal, para planificar las acciones a realizar para proteger a la plantilla y la ciudadanía frente al contagio. En este sentido, “desde el principio de esta crisis la representación sindical ha venido reclamando la realización de test como medida preventiva, por lo tanto, nos alegramos de que ahora asuman su obligación y descarguen a los ayuntamientos de esa responsabilidad que no es de nuestra competencia, para que podamos ofrecer el mejor servicio con las máximas garantías”.
