Pasen los años que pasen, y el próximo mes de septiembre se cumplirán 27, Adolfo Bosch Lería, más conocido como Fofi, mantiene su cruzada contra lo que él entiende como una "corrupción institucionalizada" contra su persona y su caso relacionado con las piezas arqueológicas que le fueron requisadas en 1991.
Así, el pasado viernes se personó por enésima vez en este más de cuarto de siglo ante las puertas de los Juzgados de Instrucción de Cádiz en la plaza de San José y, con su pancarta en mano, procedió el reparto de planfetos reclamando al juez que lleva el caso, Miguel Ángel López Marchena, que la situación judicial que vive desde entonces no caiga en el olvido, ya que entiende que se han sucedido "numerosas irregularidades y falsificaciones" a lo largo de todo el procedimiento.
El 24 de septiembre de 1991, la Guardia Civil llamó a la puerta de la madre de Adolfo Bosch Lería, un conocido buzo isleño que coleccionaba piezas arqueológicas. Unas sacadas por él mismo del fondo del mar; otras compradas a otros coleccionistas.
Registrada la vivienda que constaba en la orden judicial sin encontrar nada, ordenaron a un hermano de Adolfo Bosch abrir un almacén aledaño, para el que no había orden judicial de registro, según afirma Adolfo, donde encontraron las piezas de su colección. Una colección de la que todo el mundo sabía por su contacto con arqueólogos y museos e incluso por su ofrecimiento de crear un museo con ellas a cambio de un puesto de trabajo. Sólo eso por un tesoro.
Ahí comenzó la odisea de Adolfo Bosch Lería, en un tira y afloja con la Delegación Provincial de Cultura, de juicio en juicio, con las piezas en su poder en calidad de depositario y luego sin las piezas, que la Guardia Civil tuvo que sacar después por encima del muro porque se negó a abrir la puerta sin orden judicial, para llevarlas a Cádiz y algunas de ellas al Museo Naval de San Fernando, ese que ahora se está trasladando al edificio de la Capitanía.
