La alcaldesa, Patricia Cavada, y el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, han reclamado a la Dirección General de Costas del ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Central, “rigor técnico y lealtad institucional con proyectos importantes para San Fernando”; tras denunciar el “freno” al desarrollo económico e industrial de la ciudad al que esta administración está sometiendo a San Fernando, en relación a dos “importantes” proyectos para la ciudad: la subestación eléctrica de Janer, relacionada con la puesta en funcionamiento del tranvía metropolitano, y el Parque de la Historia y el Mar, donde se proyectaba un Centro de Industrias Digitales.
Ambos proyectos -tal y como ha asegurado la regidora isleña en rueda de prensa- se han encontrado “de manera sorpresiva” con informes que, en un caso se extralimita en sus competencias, las de Costas, y en otro es extemporáneo “con la clara intención de atacar a la ciudad y al cambio de modelo de desarrollo económico emprendido por este equipo de gobierno, a la vista de cómo se han sucedido los hechos”.
Para explicarlo, Cavada se ha remontado a enero de 2011, fecha en la que un Real Decreto establece las funciones que, en materia de ordenación y gestión del litoral, tienen las comunidades autónomas, asumiendo éstas la gestión de las concesiones demaniales de dominio público, y reservándose el Gobierno Central, en ese mismo RD, “única y exclusivamente la función de fijar el canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público”.
En el caso de la subestación eléctrica, y aún siendo competencia de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al ser una nueva concesión existe la obligación de solicitar a Costas un informe, con la obligación de contestar en el plazo de dos meses y especificando la normativa que, en caso de no contestar en este plazo, se puede proseguir con la tramitación del expediente.
Pero, a pesar de ello “Costas emite un informe desfavorable, ilógico y extemporáneo, 18 meses después de la solicitud. Ese trazado llevaba la tramitación de una concesión sobre una vía pecuaria, que se había aprobado, requería también una tramitación para pasar la línea por debajo de la carretera CA-33 y la vía férrea, también aprobado, y también había sido aprobado y licitado el proyecto, y adjudicada la obra por la Junta de Andalucía para empezar de manera inminente. Dieciocho meses después nos llega este informe que puede llegar a retrasar el desarrollo industrial de San Fernando”, sostiene Cavada.
El segundo caso al que se ha referido la alcaldesa isleña hace referencia al Parque de la Historia y el Mar. Así, ha recordado que fue en 2004 cuando se concedió una concesión de 24.500 metros cuadrados contemplando los siguientes usos: aparcamientos, zonas de recuperación de esteros, un edificio central, embarcaderos, rampas de entrada y salida, paseo por el borde del Caño, escenario y terraza.
“Doce años después este gobierno, queriendo referenciarse en determinados sectores y sabiendo de la importancia del medio natural de nuestro entorno y relacionarlo con sectores emergentes como las industrias digitales, impulsa el Centro de Industrias Digitales con las empresas tractoras en el sector, poniendo en marcha el expediente paralizado desde entonces para definir los usos del edificio principal: unos 2.000 metros cuadrados ocupados de los 24.500, con actividades culturales, tecnológicas, formativas, promocionando las industrias digitales y el entorno medioambiental y llevando, por tanto, a la generación de riqueza económica y empleo”.
Así, se tramitó el expediente ante la administración competente, la Junta de Andalucía, en junio de 2016, “quedando el expediente completado tras otorgar usos al edificio”. “Sólo restaba que la Dirección General de Costas calculara el canon del Parque de la Historia y el Mar, a la vista de los usos que iba a tener este edificio, pero no ha sido hasta febrero de este año, -ya con el proyecto de ejecución realizado, tramitada la subvención de 1 millón de euros concedida por la Junta de Andalucía y a falta de la firma formal del convenio con la agencia Idea e inicio de las obras-, cuando se ha pronunciado Costas alegando algo que no le compete y que, además, es incoherente: dice que los usos son incompatibles pero, por otro lado, da la opción de hacer una modificación sustancial de la concesión”.
“Son compatibles los usos y jamás estaremos en una modificación sustancial porque no superamos el diez por ciento de concesión, por lo que Costas se extralimita en sus competencias emitiendo un informe contradictorio e incoherente”, indica Cavada, que insiste en asegurar que no existe interés en hacer de este asunto “una batalla política”, sino que se persiguen “soluciones administrativas porque esta ciudad tiene que avanzar en el cambio de modelo productivo que hemos iniciado”.
Así las cosas, la alcaldesa isleña espera que Costas responda a la petición urgente de reunión que se le ha hecho para aclarar ambos asuntos porque los informes conllevan “un importante retraso en dos proyectos que ya llevan muchos años esperando y que son de vital importancia para la ciudad de San Fernando”.
