El 24 de septiembre de 1991, diez años antes de que ese día y ese mes restituyera a La Isla el título de cuna de las libertades por haber sido 190 años antes sede de las Cortes Constituyentes, la Guardia Civil llamó a la puerta de la madre de Adolfo Bosch Lería, un conocido buzo isleño que coleccionaba piezas arqueológicas. Unas sacadas por él mismo del fondo del mar; otras compradas a otros coleccionistas.
Registrada la vivienda que constaba en la orden judicial sin encontrar nada, ordenaron a un hermano de Adolfo Bosch abrir un almacén aledaño, para el que no había orden judicial de registro, según afirma Adolfo, donde encontraron las piezas de su colección. Una colección de la que todo el mundo sabía por su contacto con arqueólogos y museos e incluso por su ofrecimiento a crear un museo con ellas a cambio de un puesto de trabajo. Sólo eso por un tesoro.
Ahí comenzó la odisea de Adolfo Bosch Lería, conocido popularmente como Fofi, en un tira y afloja con la Delegación Provincial de Cultura, de juicio en juicio, con las piezas en su poder en calidad de depositario y luego sin las piezas, que la Guardia Civil tuvo que sacar después por encima del muro porque se negó a abrir la puerta sin orden judicial, para llevarlas a Cádiz y algunas de ellas al Museo Naval de San Fernando, ese que ahora se está trasladando al edificio de la Capitanía.
Pleitos perdidos, piezas requisadas y una multa de 17,5 millones de pesetas fue lo conseguido ante los tribunales, a los que acusa de todo lo ilegal que puede ser un procedimiento, incluida la inclusión de un informe que aconsejaba el registro después de la orden judicial de registro.
Fofi peleó no sólo ante la Justicia sino a través de los medios de comunicación y luego todo quedó sepultado para la opinión pública -no para Adolfo Bosch Lería, que a estas alturas sabe tanto de leyes sobre su caso como un juez- hasta que comienza otra etapa mucho más descarnada que la anterior, el embargo de su vivienda y susus locales por el impago de la multa.
Subasta desierta
El pasado día 20 de este mes se procedía a la subasta de la finca, de quedó desierta, “pero en cualquier momento me pueden dejar sin casa y locales, que es mi casa y mi medio de vida”.
El desahucio ha traído consigo que Fofi comience de nuevo lo que ya conoce, luchar para “que se haga justicia” e intentar esclarecer lo que según él son “irregularidades, falsedades, prevaricación...” y una retahila de acusaciones que asegura que puede demostrar documentalmente. Si lo dejan, claro.
Desde la Delegación Provincial de Cultura, en estos 23 años, sólo ha habido contactos en dos ocasiones. Con el titular de entonces, Sebastián Saucedo, autor de la “persecución” y ahora, casi un cuarto de siglo después, con la titular actual, Cristina Saucedo, hija del anterior, “repitiendo la misma denuncia por injurias y calumnias que fue sobreseída a finales de septiembre del año 2002”.
Como consecuencia de esa denuncia de la Delegación Territorial de Cultura, Fofi fue llamado a declarar como imputado el día 24 abril del 2015 y reiteró todo lo que ha venido diciendo en estos 23 años de pleitos y que se reproduce textualmente.
Declaración textual
“Que el procedimiento que se hizo contra él y los registros se hicieron totalmente fuera de la Ley.
Que el motivo de presentar el escrito de fecha 22-1-2015 ante la Delegación es para que se adopten las medidas necesarias para paralizar la subasta de su casa que estaba prevista para el día 20-2-2015 y que ha sabido quedó desierta. Que el motivo de todo ello es la reclamaciópn que le hace la Delegación del pago de una multa, que hace años era de diecisiete millones y medio de pesetas.
Que esa multa le fue impuesta de manera ilegal, ya que el procedimiento contra él se hizo fuera de la Ley.
Que por el mismo escrito que ha enviado a la Delegación, y que remitió hace muchos antes, también se le abrieron Diligencias Previas en el Juzgado Mixto Número Tres de Cádiz, las Diligencias Previas 493/2002. Que esas Diligencias se archivaron a solicitud del secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
Que en este acto aporta documento acreditativo. Que por ello presentó una denuncia por Denuncia Falsa, pero no se admitió. Que además de en esta ocasión, ha presentado otras muchas denuncias, pero todas con el mismo resultado de la anterior de Denuncia falsa.
Que, si el Juzgado lo considera, podría aportar copias de todas ellas. Que en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Dos de Cádiz interpuso un Procedimiento Ordinario contra la Delegación por haber llevado a cabo un procedimiento irregular, sin haberse seguido conforme a la Ley, pero la Sentencia que se dictó fue en su contra y a favor de la Delegación.
Que aporta copia de la misma y copia de la Resolución de la Delegación que le impuso la multa de diecisiete millones y medio de pesetas”.
Sólo busca un arreglo
Adolfo Bosch Lería insiste en sus declaración en el Juzgado el pasado 24 de abril que no había orden judicial para registrar el almacén -sólo la vivienda de su madre- y que no es cierto para nada que haya cometido o esté cometiendo ningún delito de injurias y calumnias.
Igualmente, afirma que “todo lo manifestado por escrito y en esta declaración son hechos ciertos y que puede probar y en realidad el único perjudicado es él”. “Esos escritos no se han hecho con ningún ánimo de injuriar ni calumniar a ninguna autoridad ni funcionario, sino con el único propósito de que reconozcan que ni las diligencias, ni expedientes que se han hecho contra él han sido correctas y con la intención de llegar a un acuerdo en el que nadie salga perjuidicado”.
