El teniente de alcalde de Presidencia y Ciudadanía, Daniel Nieto, y la delegada municipal de Dirección de Personas, Úrsula Ruíz, han ofrecido una comparecencia en la que han dado cuenta de los avatares que está sufriendo la convocatoria de plazas para la Policía Local realizada por el Consistorio isleño, una provisión de empleo público que se ha podido realizar, según puntualizó Daniel Nieto, “gracias al trabajo previo realizado por el equipo de Gobierno que ha sido capaz de movilizar los medios necesarios para cubrir una serie de plazas de Policía para solucionar el déficit existente”.
Y es que desde la toma de decisión y la convocatoria se han producido una serie de acontecimientos “ajenos a la voluntad del Ayuntamiento” que están retrasando esta provisión. El edil popular no ha dudado en afirmar que estas trabas que se están poniendo al proceso, aparte de la cuestión jurídica, “ocultan un interés político. Ya sabemos cómo la Junta organiza su relación con nuestro Ayuntamiento, pues es curioso que somos de los pocos consistorios de Andalucía capacitados para una oferta de empleo público que lamentablemente la Junta está paralizando”, añadió Nieto.
Por su parte, la delegada de Dirección de Personas, Úrsula Ruíz, procedió a realizar una memoria con las diferentes fechas que han marcado este proceso. En el mes de septiembre se decretaron por parte del Ayuntamiento las bases, tras múltiples reuniones entre sindicatos con sus correspondientes negociaciones.
Tras la convocatoria en el BOP y en el BOJA, en octubre la Junta enviaba un requerimiento al Consistorio “para la anulación o rectificación en los términos propuestos las bases que regirán la convocatoria”. Ante esta situación el equipo de Gobierno vuelve a reunirse con los sindicatos informando que había que modificar la fecha para poder presentarse. “El Ayuntamiento apostó por hacerlo sin límite de edad y la Junta lo denegó”, recuerda.
Una vez modificado, el Tribunal Supremo ratifica dos sentencias anteriores (de un tribunal sevillano y del TSJA) y anula el límite de edad para las convocatorias a Policía Local, por lo que había que volver a rectificar las bases. En marzo de este año el Ayuntamiento remitía a la Junta un oficio solicitando la información y consideraciones oportunas para gestionar la problemática surgida de las bases, esto es, con o sin límite de edad.
Perplejidad
La contestación de la Junta dejó "perplejo" al Ayuntamiento, pues la Junta dejaba por escrito que “acataba la sentencia del Tribunal Supremo, que nunca se requirió de legalidad a este Ayuntamiento para que eliminara las bases y que el Ayuntamiento tuviera los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión más conveniente, optando el Ayuntamiento por un límite de edad”. Por último, la Junta informaba que estaban ultimando los trabajos para la modificación de la Ley 13/2001 que de ser aprobada se fijará una edad máxima y mínima.
Ruíz recordó que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con el sindicato de opositores Aspla donde siempre se puso de manifiesto que no ha habido inconveniente en hacer la convocatoria “lo más accesible posible para que se presente el mayor número de personas, una manera de facilitar a los opositores que llevan años estudiando y poder examinarse. Quien tiene que arreglar la situación es la Junta. El delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, es quien firma el primer requerimiento y la última resolución. López Gil se ha convertido en un freno para San Fernando, no para de poner trabas a todo lo que hace el Ayuntamiento, y lo hace ahora con las plazas para policías. Sólo queremos que la Junta nos diga cómo tenemos que sacar estas necesarias plazas porque hay muchas personas esperando, con cuyos sueños y aspiraciones la Junta está jugando. Muchas de estas personas, tal y como nos han transmitido colectivos como Aspla, están desesperados”, añadió.
Úrsula Ruíz lamentó que para un Ayuntamiento que está capacitado para sacar las plazas de policía, la Junta “no da ninguna facilidad”. Es más, la administración autonómica nunca facilitó al Ayuntamiento la forma de cómo hacerlo, es por eso que desde el equipo de Gobierno no se entiende el escrito en que “nunca se requirió de legalidad a este Ayuntamiento para que eliminara las bases”, un documento que suena “a burla del señor López Gil con la ciudad de San Fernando y con los opositores. Sólo pido a la Junta comprensión y que no genere más desesperanza”.
Daniel Nieto insistió en que esta situación supera la cuestión jurídica alcanzando la cuestión política. Ambos ediles creen que desde un principio la Junta debería haber elaborado unas bases claras, lo que no hubiera afectado a ningún Ayuntamiento. Es por eso que desde el equipo de Gobierno no hay duda de que la Junta oculta un interés en que las plazas de policía local de San Fernando no salgan.
Por tanto, el procedimiento a seguir en estos momentos es el siguiente: dar a conocer la última resolución a los sindicatos, volver a modificar las bases y comenzar un nuevo proceso administrativo, lo que supondría una nueva demora. “Tenemos que buscar la solución más rápida a este problema para abrir el plazo nuevamente. Los que por edad se quedaron fuera deberán volver a presentarse y, cuando se cumplan los plazos, volver a convocar las pruebas”, informó Úrsula Ruíz.
“Siempre hay una intencionalidad política de la Junta y el PSOE para perjudicarnos. Hay Ayuntamientos del PSOE con problemas para pagar las nóminas y a San Fernando que tiene actualmente capacidad para convocar plazas de empleo público, se le paraliza y perjudica”, concluyó Nieto.
