La Diputación se suma a la estrategia internacional Fast-Track Cities, así como los ayuntamientos de 25 municipios que han formalizado la adhesión a esta red con su firma de apoyo al documento de la Declaración de París, en un acto celebrado en el Salón Regio de la institución provincial. Se trata de Algeciras, Algodonales, Barbate, Bornos, Cádiz, Castellar, Chiclana, Chipiona, El Gastor, Jerez, La Línea, Los Barrios, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Setenil, Tarifa, Ubrique, Vejer, Villaluenga y Zahara de la Sierra. Estos municipios representan más del 80 por ciento de la población de la provincia.
La vicepresidenta tercera de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, y el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, han acompañado a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha presidido este acto en el que las 26 entidades se integran en la denominada Declaración de París. También ha estado presente Jorge Garrido, coordinador en España de este proyecto.
Hasta la fecha este virus se ha cobrado la vida de más de 38 millones de personas y hay más de 79 millones afectadas. Si bien la ciencia ha obtenido sobresalientes avances que han conseguido cronificar una enfermedad en sus inicios letal y minimizar la carga viral para reducir contagios, aún es necesario el empuje de las administraciones para conseguir que deje de ser un problema de salud pública en 2030, que es lo que se persigue con la iniciativa Fast-Track Cities. “Estoy segura que en el año 2030 va a ser una realidad y lo vamos a alcanzar”, ha afirmado la vicepresidente tercera de la Diputación, Carmen Collado, a este respecto.
El acto se ha celebrado en la previa de la Conferencia Mundial de ciudades libres de VIH de la ONU, que tiene lugar mañana en Sevilla y confirma el compromiso con este asunto de España, el país que más apoyos ha conseguido: 131 municipios ya adscritos a los que se suman los 25 de hoy. Además, la de Cádiz es la tercera Diputación, tras las de Córdoba y Sevilla.
La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha puesto de relevancia la función que juega la administración más cercana en este asunto: “El papel de la acción local es imprescindible”, ha afirmado, y ha subrayado su capacidad para, a través de la sensibilización, “acabar con el estigma” de determinados colectivos especialmente castigados con esta enfermedad. Para ello ha aludido a campañas de comunicación y la acción social de los ayuntamientos para “seguir recordando que ninguna persona puede ser discriminada por su origen, orientación sexual, su género y tampoco, ni mucho menos, por su estado serológico”.
Calzón ha ofrecido las cuatro líneas claves de trabajo para que se cumplan los objetivos de la Declaración de París en que se basa el proyecto Fast-Track Cities: prevención, diagnóstico precoz, el acceso rápido a los retrovirales y el manejo de cronicidad.
El papel de la administración local también ha sido destacado por David de la Encina: “Reivindiquemos desde nuestros pueblos esa adhesión de las alcaldías”, ha defendido el diputado, quien ha señalado la incidencia de esta enfermedad en Cádiz, “especialmente dentro del panorama mundial, ha sido una provincia dramáticamente dañada por el VIH y también con una respuesta social e institucional importante para contener esa lacra”.
La Declaración de París
La iniciativa Fast-Track Cities se enmarca en una red global integrada por ciudades y municipios de todo el mundo y por cuatro socios principales: la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, las Naciones Unidas Programa de Asentamientos Humanos y la Ciudad de París.
La Declaración de París supone la adopción de un conjunto de compromisos para alcanzar este objetivo. La declaración incluye la integración de las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis y las hepatitis virales. Propone acelerar, (de ahí el nombre, fast-track cities, es decir, ciudades aceleradas) las medidas para alcanzar el objetivo contra el VIH en 2030.
La Declaración recoge una serie de demandas alusivas a diferentes colectivos: los donantes, la industria farmacéutica, la comunidad médica, la comunidad científica, los líderes políticos y los gobiernos, las organizaciones internacionales y las propias comunidades de personas afectadas.
Las reivindicaciones incluyen aspectos como acabar con la criminalización social de los colectivos más afectados por el virus y defender su inclusión, visibilizar y atender la problemática de minorías que viven en riesgo de marginalidad, desarrollar y dar prioridad a la investigación innovadora, establecer un sistema justo de la ley de patentes, o favorecer la educación sexual, entre otras muchas cuestiones.
En el caso de las peticiones a los gobernantes, los compromisos que se les piden afectan a asuntos como acelerar la acción a nivel local, garantizar los Derechos Humanos de las personas con VIH sin prejuicios ni estigmatización, discriminación o represión de cualquier tipo, favorecer un acceso rápido y asequible para el tratamiento, rechazar cualquier ley que discrimine a los colectivos más afectados y asegurar su empoderamiento y autonomía y acelerar el progreso hacia el acceso universal a los servicios de salud de calidad.
