El Partido Popular de Cádiz va a solicitar la declaración del dirigente socialista Domingo Sánchez Rizo, quien fuera gerente de la Agencia IDEA en Cádiz entre 2008 y 2009, en el caso Bahía Competitiva.
El diputado autonómico del PP de Cádiz, Rafael Ruiz Canto, explica que el PP va a solicitar nuevas diligencias en la instrucción del fraude del Bahía Competitiva, solicitando la declaración de Sánchez Rizo, quien participó en la comisión mixta que evaluaba los proyectos en representación de la Junta de Andalucía.
Ruiz Canto explica que, según el convenio firmado por el Ministerio de Industria, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, la Junta estaba representada en la comisión mixta, especificándose que dicha representación recaía en el consejero de Innovación o en la persona en quien delegue.
Esta petición viene motivada tras la declaración del ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, a quien se le preguntó en la sala por el papel que jugó Domingo Sánchez Rizo en una de esas comisiones en la capital de España, concretamente en el año 2009. Vallejo respondió que desconocía quién ordenó a Sánchez Rizo su presencia en dicha comisión, llegando a decir que no sabía quién era, pese a que ostentaba un cargo político que dependía directamente del departamento que él dirigía.
Así, sostiene que Sánchez Rizo tendrá que explicar, ya que no lo hizo el ex consejero Vallejo, por qué fue la Agencia IDEA la que se hizo cargo de las baremaciones y no la delegación de la Consejería.
Cabe recordar que Domingo Sánchez Rizo fue alcalde del PSOE en Rota de 1999 a 2003. Ostentó el cargo de delegado provincial de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta entre 2004 y 2007; y delegado provincial de Justicia de 2009 a 2010). Previamente, entre los años 2008 y 2009, fue gerente provincial de la Agencia de Innovación en Cádiz, un cargo político que dependía directamente de la Consejería de Innovación.
Ruiz Canto considera que el caso Bahía Competitiva “apunta a altas instancias” del Gobierno de la Junta de Andalucía y considera que “lagunas” en las declaraciones de los dirigentes socialistas en la instrucción sitúan el caso en “un sálvese quien pueda”, cuyo único objetivo es “eludir la responsabilidad que las altas instancias del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía pudieron tener en el fraude de los fondos públicos que iban destinados a la reindustrialización de la provincia gaditana”.
