El cineasta franco-polaco Roman Polanski ha abandonado el chalet donde permaneció siete meses en prisión domiciliaria a la espera de la decisión sobre su extradición a Estados Unidos, que hoy ha sido definitivamente descartada.

Según ha señalado uno de sus empleados a las decenas de periodistas que esperaban alrededor de su casa, Polanski ha abandonado su residencia, aunque el trabajador no ha precisado a que hora exactamente.

Los informadores han visto salir del garaje de la casa hacia las 14.30 horas (12.30 GMT) un coche con cristales polarizados, por lo que no han podido comprobar la identidad de las personas que se encontraban en el interior.

El portavoz del Ministerio de Justicia helvético, Rudolf Wyss, confirmó a Efe que el brazalete electrónico que portaba Polanski para evitar una eventual fuga, le había sido retirado "al mediodía", y que desde ese momento el cineasta "era libre de hacer e ir donde quisiera".

Como medidas preventivas, el Ministerio de Justicia le había prohibido salir del perímetro de su casa, situada en la exclusiva estación de esquí de Gstaad, y le había colocado un brazalete electrónico.

Wyss señaló, asimismo, que Polanski no iba a ser escoltado por la policía helvética y que de su seguridad de encargaban a partir de ahora su propios empleados privados.

La ministra de Justicia de Suiza, Eveline Widmer-Schlumpf ha informado hoy de que Polanski era "libre" tras haber sido rechazada la demanda de extradición solicitada por los Estados Unidos.

Dos han sido los argumentos que han pesado en la decisión: la falta de pruebas concluyentes sobre el proceso que tuvo lugar en Estados Unidos en 1977, y el "principio de confianza" con el que contaba Polanski.

El realizador, de 76 años, está acusado en Estados Unidos de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 13 años en 1977, cuando él tenía 43.

Polanski llegó años después a un acuerdo económico con la joven y su familia, quien retiró todos los cargos y se pronunció públicamente por el cierre definitivo del caso, pero los jueces estadounidenses consideran que el delito no ha prescrito y debe ser juzgado por el mismo.