El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha mostrado este viernes su "total respeto" a la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Granada ante el Juzgado contra la ex consejera delegada de Cetursa, María José López, y ha pedido "esperar a ver qué sucede" con la investigación abierta, que podría afectar a un posible "cobro de sobresueldos".
En declaraciones a los periodistas sobre este tema en Granada, Juan Marín ha indicado que los responsables públicos han de ser "totalmente respetuosos con las decisiones, en este caso, de la justicia", que está "para actuar e investigar si ha habido o no algún tipo de negligencia o de delito".
"Si la ha habido, tendrá que tener sus consecuencias como no puede ser de otra forma", ha señalado Marín, en presencia de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, con la que ha atendido a los medios antes de la reunión de la Comisión Mixta entre la Junta y la Fiscalía Superior de Andalucía, en la sede de esta última.
Por su parte, la fiscal superior de Andalucía ha dado más detalles de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía Provincial, que es "la competente", tras realizar unas primeras investigaciones ante las que se ha visto "oportuno" judicializar este tema, tras el informe remitido por la Junta y la Cámara de Cuentas.
A partir de ahora, "se irá viendo con el juzgado que corresponda si hay actividad probatoria suficiente para seguir adelante", después de que, "de entrada" se hayan detectado supuestas ilegalidades que podrían estar relacionadas con la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha añadido Tárrago.
Según informó este pasado jueves la Fiscalía en una nota de prensa, la denuncia va también, además de contra López, dirigida al director de organización y finanzas en el periodo 2010-2017 de esta empresa pública andaluza por presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en sus nóminas a cargo de los fondos públicos.
La apertura de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal comenzó el 23 de noviembre de 2018 con el informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.
El informe enviado a la Fiscalía de Sevilla fue trasladado a la de Granada por tener el domicilio social la empresa pública andaluza con una participación del 95,90 por ciento, según informa la Fiscalía Superior de Andalucía.
El informe presentado por la Consejería de Turismo y Deporte indica que el director de organización y finanzas de Cetursa S.A. habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017. En relación a este cobro de antigüedad, la Fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.
Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de la Junta de Andalucía a la que ha quedado adscrita Cetursa, presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010.
La denuncia pide también la investigación de las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las Leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.
En diciembre de 2015, la exconsejera de delegada de Cetursa reestructura el organigrama directivo de la empresa pública y ordena el cese de los directores de área y crea de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa.
La Fiscalía solicita al Juzgado que investigue esta decisión que, según los informes estudiados por la Fiscalía, podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las Leyes presupuestarias.
El decreto de denuncia de la Fiscalía añade que no se excluye de una posible imputación de otros directivos de la empresa pública en el curso de las investigaciones judiciales que no han sido investigados en estas diligencias.
