El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha señalado este miércoles que la causa del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en que está investigado no le "condiciona" su labor al frente de la ciudad, y ha afirmado que espera que dicho proceso "se resuelva lo antes posible".
En declaraciones a los periodistas, en una visita a la plaza de la Concordia de Granada, Cuenca ha indicado estar "tranquilo" ante la investigación de una cuestión que está dentro del "ámbito administrativo", y que sigue trabajando por los granadinos y por "mejorar los espacios públicos y las inversiones que demandan".
Cuenca ha sido preguntado al respecto después de que el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, citara este pasado lunes a ocho nuevos investigados para tomarles declaración en la causa en la que está siendo investigado, y donde se indaga si como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.
Tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió una investigación por la supuesta contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación en Economía Social contratados en los años 2011 y 2012 por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Además del alcalde de Granada, en la causa se encuentran investigados otros ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación.
Este martes, el regidor granadino ha explicado que, por lo que ha "podido leer", las últimas declaraciones de investigados en sede judicial "vienen a decir que estaba todo dentro de la lógica del orden y del buen funcionamiento de una contratación".
Francisco Cuenca ha subrayado que es una cuestión administrativa, en la que "no falta un euro", y que "se ha tramitado de forma correcta", siguiendo las instrucciones que en su día dio la Dirección General competente en la Junta, para aplicar "lo que entendíamos que era un correcto servicio para el seguimiento de unos cursos".
De los ocho citados por el juez como investigados, había responsables de empresas contratadas para ejercer esas funciones de "inspección", según la denuncia de SAF. Si bien, sólo declararon dos, respondiendo únicamente a preguntas de sus abogados "sobre sus labores de control" como empresas de asistencia técnica, negando que realizaran tareas de inspección, que corresponden a los funcionarios.
