La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, en el área metropolitana granadina, Francisca Granados, ha negado que ejerciera como letrada en sus labores de asesoramiento a Juana Rivas, después de que el Colegio de Abogados de Granada presentara una querella contra ella por un presunto delito de intrusismo profesional.
Francisca Granados "jamás se ha atribuido la condición de abogada ni públicamente ni en privado, así como tampoco ha ejercido actos inherentes a dicha profesión en local o establecimiento alguno", ha indicado en una nota de prensa el despacho Aránguez Abogados, que la defiende en el procedimiento instado por el Colegio de Abogados de Granada.
Contra el auto de admisión del Juzgado de Instrucción 3 de Granada de la querella, con fecha de 5 de febrero, Aránguez Abogados ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación por no haber prestado la debida fianza que debe realizarse cuando se interpone una querella "salvo contadas excepciones".
Asimismo, se considera que "los hechos no son constitutivos, ni siquiera indiciariamente, de infracción penal", pues la labor de Granados con Juana Rivas, --que estuvo casi un mes el pasado verano en paradero desconocido con sus dos hijos, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por supuesta sustracción de menores--, se encuadró en las "actuaciones propias de su trabajo de asesoría legal, como licenciada en Derecho, en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena".
Por último, el equipo que defiende a Granados señala que "en caso de aceptarse la querella, la competencia para conocer esta causa sería de la Audiencia Nacional", pues, de considerarse como válida la tesis del querellante, "habría de dirigirse también a todos aquellos que procedieron a su contratación en el Ayuntamiento de Maracena, así como a todos y cada uno de los alcaldes y ayuntamientos de toda España (más de cuatro mil) que tengan entre su personal una asesoría jurídica en un Centro de la Mujer".
Por todo ello, se solicita la inadmisión de la querella, archivando el procedimiento, o, con carácter subsidiario, que el Colegio de Abogados aporte una fianza de 20.000 euros a la asesora de Rivas por "los graves perjuicios morales", y que se remitan las actuaciones a la Audiencia Nacional.
