Las dificultades para localizar a los más de 300 acusados en el caso abierto tras la denominada 'Operación Genil', sobre un posible fraude en Granada entre 2005 y 2008 de prestaciones y subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están retrasando la posibilidad de su enjuiciamiento.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, muchos de los procesados son vendedores ambulantes a los que es muy difícil localizar para notificarles las resoluciones, por lo que la tramitación del asunto, que será enjuiciado en un Juzgado de lo Penal, va bastante lenta.
De hecho, fue en el verano de 2014 cuando el Juzgado de Instrucción 9 de Granada decretó la apertura de juicio oral de este caso de posible fraude, que ascendería a unos cinco millones de euros, un trámite procesal previo al enjuiciamiento de la causa, en la que se investigan posibles delitos de estafa, falsedad documental, fraude de subvenciones y defraudación a la Seguridad Social.
Según el juez instructor, los procesados contribuyeron "a la creación o funcionamiento de un entramado empresarial" consistente en "la utilización de testaferros que, de forma ficticia, dieron lugar a empresas unipersonales cuyo ámbito de actuación era la construcción, sin actividad alguna", y cuyos responsables presentaban impresos de declaración censal de alta tanto en la Seguridad Social como en la Agencia Tributaria.
"En ningún momento", señalaba el juez, "se realizaron pagos de cotización de la cuota de los trabajadores ni de sus propias obligaciones al estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, desatendiendo las obligaciones fiscales, siendo la principal finalidad de las empresas la de generar periodos de carencia para la futura percepción de prestaciones y/ subsidios, así como el favorecimiento en la concesión de permisos a ciudadanos extranjeros a través de certificados de empresa de contenido inexacto que eran facilitados".
En otras ocasiones se daba de alta a personas que trabajaban en la construcción, "pero no para la empresa en la que figuraban oficialmente", con la "clara intención de eludir las responsabilidades" fiscales pertinentes o la responsabilidad por accidentes. Asimismo, "se facilitaba a los trabajadores cuanta documentación precisaran para presentar en organismos públicos y privados y, en especial, los certificados de empresa que resultaban necesarios para el cobro de prestaciones y/o subsidios".
Todo este sistema, indicaba el magistrado, supuso un perjuicio total para la Agencia Tributaria de más de 3,2 millones de euros entre las cinco empresas implicadas en el periodo de 2005 a 2008, a lo que se añadirían otros 2 millones de euros más dejados de ingresar por la Seguridad Social.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía, que acusa a un total de 334 personas, solicita para los presuntos cabecillas de la trama, los empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Ángel S.A, y los representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo G.P., Juan C.M.F., Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. un total de 18 años de prisión por seis delitos de fraude de subvenciones y multas de más de 2,6 millones de euros, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y a obtener beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro años.
Al resto de los acusados, un total de 326 trabajadores contratados de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros.
De manera alternativa, el fiscal pide para los ocho primeros, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial, seis años de prisión para cada uno de ellos y multa de 18.000 euros, y a los restantes 326 acusados, también alternativamente, tres años de cárcel y multas de 3.600 euros por posible estafa.
Según Fiscalía, los ocho principales imputados se pusieron "previamente de acuerdo" y "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades, en ocasiones mediante personas interpuestas, con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador.
Para ello, los acusados tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello aún conociendo que no iban a ser prestados los servicios que en el mismo constaban, permaneciendo el trabajador de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo.
De la misma forma presentaban ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria para acceder a las prestaciones y subsidios, en particular, el certificado de empresa facilitado por el empresario al trabajador que acreditaba el periodo de tiempo en que había supuestamente prestado los servicios y el documento que acreditaba el cese de la relación laboral.
Para la consecución de dichos fines, Carlos I.A.N., Juan R.C.C. y Ángel S. A., bien por sí solos, bien a través de alguno de los restantes acusados, constituyeron y administraron un total de 11 sociedades con distintos domicilios en Granada dedicadas todas ellas "ficticiamente" a la actividad de la construcción.
Así, los inculpados, procedieron a dar de alta a esas empresas en el sistema RED de la Seguridad Social, empresas todas ellas sin actividad real, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos en el sector de la construcción.
Seguidamente los principales procesados, simulando una relación laboral inexistente, conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos, tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores previa la elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal, manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
A continuación, simulando el cese en la relación laboral los acusados presentaron ante el SPE la documentación necesaria para la consecución de su objetivo, en particular el documento elaborado en su integridad por el trabajador a quien beneficiaba de común acuerdo con los organizadores, en el que se acreditaba el cese de la relación laboral así como el certificado de empresa facilitado por el empresario en el que constaba el tiempo de trabajo, la cualificación profesional y la remuneración por los supuestos trabajadores, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios de desempleo y generaron periodos de carencia para la percepción futura de prestaciones por desempleo y de seguridad social.
El total de las prestaciones y subsidios concedidos indebidamente asciende a 2.500.959,75 euros, que el fiscal solicita que abonen los ocho principales imputados en responsabilidad civil al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Asimismo, pide al resto de los 326 inculpados que abonen el dinero del que se beneficiaron presuntamente de manera fraudulenta, que asciende a cerca de 2,5 millones de euros.
