El alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, ha defendido este lunes la legalidad de las obras en una rotonda de la localidad por las que ha tenido que declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada y ha confiado en el archivo del caso, reabierto tras un recurso del PP después de que fuera sobreseído el pasado mes de junio.
En declaraciones a los periodistas a la entrada de los juzgados de la Caleta, y antes de que compareciera ante el magistrado Miguel Ángel del Arco, Sánchez ha dicho que afronta este proceso "con mucha tranquilidad", y ha señalado que "por fin" puede hablar con el juez después de dos años y medio de la apertura de la investigación.
Según ha indicado, la actuación del Ayuntamiento no fue irregular, ya que se limitó a arreglar una rotonda "que era horrible" y "que no se merecía el pueblo de Armilla", encargando el adecentamiento a Armigesa, empresa participada en un 51 por ciento por FCC y en un 49 por ciento por el ente municipal. Lo hizo de la misma forma, según ha indicado, que lo hizo por ejemplo Emasagra, que financió para el Ayuntamiento de Granada la Fuente de las Granadas.
Se trata de una obra, según ha destacado, "que no ha costado ni un solo céntimo a los vecinos de Armilla, que se hizo en suelo del Ministerio de Fomento pero con su autorizaciones" y que ha pagado, "como es habitual en este tipo de actuaciones", esa participación que el Ayuntamiento tiene en Armigesa, que en la localidad gestiona la basura, la limpieza y el mantenimiento de las zonas verdes.
"Creemos que era una actuación que había que hacer, y estoy tan convencido de que lo hicimos bien que la siguiente rotonda, la del PTS junto al Nevada, pretendo arreglarla igual", ha sostenido Sánchez, que ha confiado en que "todo va a quedar aclarado" y que se ha mostrado "totalmente convencido" de que el procedimiento se va a archivar por segunda vez.
Su comparecencia estaba prevista inicialmente para principios del mes de septiembre, si bien los recursos presentados por los imputados y su "incomparecencia unilateral" obligaron al titular del Juzgado, el magistrado Miguel Ángel del Arco, a pronunciarse y suspender las declaraciones previstas. Así, en una nueva providencia fechada el 10 de septiembre, el juez acordaba que el alcalde declarase este 6 de octubre, a las 11,00 horas.
Las declaraciones, que han comenzado este lunes con la del alcalde y la del concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Armilla, Victoriano Cid, continuarán el 8 de octubre con las de otros dos imputados, el instructor del expediente urbanístico, a las 10,00 horas, y una hora más tarde, el gerente de Armigesa.
Estas nuevas citaciones son consecuencia de la reapertura del caso que ya ordenó el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que sin embargo antes, el 6 de junio, había decretado el archivo del proceso judicial, que se inició después de la denuncia que partió del propio Ayuntamiento de la localidad en el periodo en el que gobernaba el 'popular' Antonio Ayllón, que acusó a Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, por la ejecución, sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos.
En aquel momento, el alcalde sostuvo que su antecesor había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, responsable, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla.
Sin embargo, el magistrado Miguel Ángel del Arco criticaba en su auto la denuncia del PP, en tanto que sólo se dirigía contra el alcalde: "Parece que para la acusación particular (PP) sólo existe una obsesión: el actual alcalde Armilla de pertenencia a un partido político (PSOE) contrario a la militancia del alcalde denunciante (PP)".
Pero, después del recurso de reforma interpuesto por los 'populares', Del Arco aceptó reabrir la causa y atribuyó un posible delito continuado de prevaricación, otro de tráfico de influencia y otro de malversación de caudales públicos al alcalde, al concejal de Urbanismo, al instructor del expediente y al gerente de Armigesa.
Según sostuvo el Juzgado en su nuevo auto, de fecha 12 de julio y al que tuvo entonces acceso Europa Press, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera "totalmente ilegal" las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.
Se hizo, según el juez, presuntamente "sin expediente de contratación alguno" pese a ser una obra mayor por su cuantía, que requería un procedimiento abierto y respetar los principios de publicidad y libre concurrencia, sin licencia de obras, y sin consignación presupuestaria, en unos terrenos que "no son propiedad del Ayuntamiento".
