La defensa del exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, prevé plantear en todas las causas penales pendientes contra él la posibilidad de suspender los distintos procesos por su estado de salud, después de que la Audiencia de Granada haya accedido a sobreseer provisionalmente por esa razón el último juicio que tenía pendiente, por el cambio presuntamente irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.
Así lo ha señalado a Europa Press su letrado, Antonio Estella, que el pasado jueves recibió la notificación del auto de la Sección Primera que acordaba el archivo respecto al alcalde --y no contra el arquitecto municipal, también imputado-- "hasta tanto recupere la salud necesaria para el afrontamiento del juicio oral o, en su caso, concurra causa de extinción de la responsabilidad criminal". Además, el tribunal ordenó que se recaben periódicamente, cada seis meses, informes médicos al respecto.
Ahora, tras esta resolución, el abogado planteará la misma cuestión para reclamar la suspensión de las distintas causas que tiene pendientes Sánchez en distintos juzgados, tanto en la Audiencia de Granada, como en los Juzgados de lo Penal de Granada. De hecho, además de este último juicio, y pese a que Atarfe es un pequeño pueblo del área metropolitana de Granada con 16.000 habitantes, el exalcalde tiene por delante una veintena de procedimientos penales, unos con fecha ya señalada de juicio y otros aún no.
Por ejemplo, en febrero de 2015, concretamente del 9 al 13, debería sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por la venta supuestamente irregular de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que, en lugar de construir un complejo para la tercera edad como estaba previsto inicialmente, edificó un total de 116 apartamentos de uso libre, en el llamado caso 'Espartero'. Las causas que tiene abiertas proceden de denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Adobe Compromiso Social, varios particulares, o el PP.
En el último juicio archivado provisionalmente, el tribunal había pedido a las partes personadas que se pronunciasen sobre si sería de aplicación en este caso el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere de manera amplia a la demencia de un inculpado, y establece que si el estado del procesado le hubiera sobrevenido después de cometido el delito, se podrá archivar la causa por el tribunal competente hasta que recobre la salud.
La vista fue suspendida el pasado 25 de marzo por la ausencia del acusado, que alegó razones de salud para no asistir. Entonces, el presidente del tribunal, Jesús Flores, ordenó que forenses del Instituto de Medicina Legal se personasen en su domicilio para elaborar un informe acerca de su estado, que concluyó que Sánchez no debía ser sometido a estrés porque tiene riesgo de rotura del aneurisma de aorta abdominal que sufre.
Después de recibir esas conclusiones, la Sección Primera planteó la posibilidad a las partes de aplicar el precepto del 383. La Fiscalía estimó que aún podrían proveerse los medios oportunos para asegurar su presencia en el plenario, y así lo pidió, considerando que los informes aportados "no eran suficientes para provocar la suspensión del curso de la causa", según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público. El PP, personado como acusación popular, también rechazó la suspensión, entendiendo que un "cierre en falso" de la causa "comportaría necesariamente el término del resto de las muchas causas penales que tiene a día de hoy el acusado en fase de instrucción, lo que lo situaría en un claro plano de impunidad".
Por ello, en su escrito de alegaciones, el PP ofreció varias posibilidades para que Sánchez compareciera. Por un lado, que se le tomase declaración vía vídeo-conferencia, y, por otro, que fuera trasladado a la sede judicial en un vehículo medicalizado. Sin embargo, pese al rechazo de las acusaciones, el tribunal ha decidido finalmente la suspensión y el archivo.
En el caso ahora archivado, también está acusado el arquitecto municipal en el Ayuntamiento de la localidad, imputado por los mismos delitos que Sánchez, y que se enfrenta, como él inicialmente, a un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.
El juicio era el que la Audiencia ya había ordenado repetir y que ya tuvo lugar en 2011 en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, que condenó a Sánchez a 14 años de inhabilitación especial y 9 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación administrativa. Aquel fallo fue recurrido tanto por Sánchez como por el arquitecto, que pidieron la nulidad del juicio al considerar que el Penal carecía de "competencia objetiva", lo que finalmente aceptó la Sección Primera.
