Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtiendo del abuso de la temporalidad en las administraciones públicas obligaron al Gobierno de Pedro Sánchez a actuar para evitar sanciones, dado que se incumple la directiva 1999/70/CE. La ley aprobada el pasado 28 de diciembre tenía suma importancia porque el Ejecutivo se comprometió a sacarla adelante antes de final de año para poder obtener fondos europeos de recuperación.
El PSOE entiende que “el nuevo marco normativo mejora la protección de los empleados públicos y recompensará a los que pierdan su trabajo como consecuencia de este proceso”. Unidas Podemos, por su parte, considera el texto “un gran avance” que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios.
Entre otras cuestiones polémicas, la ley permitirá a los trabajadores con más de cinco años de interinidad acceder a una plaza fija sin oposiciones para reducir del 30% actual al 8% la cantidad de puestos temporales.
Para Francisco José Pons, miembro de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad (Asepat-Cádiz), es insuficiente y recientemente compareció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar sanciones a España si no da un paso más para atender las demandas de los interinos.
Antonio Cantero Mansilla, jiennense integrante de la plataforma Turno Libre, lamenta, sin embargo, que el Gobierno conceda plazas sin convocarlas en igualdad de condiciones y advierte, por una parte, de que la ley nace viciada y fruto de la presión y, por otra, es inconstitucional porque cierra la puerta a miles de opositores que han invertido su tiempo y sus recursos económicos en formarse.
La polémica está servida y las movilizaciones, a uno y otro lado, se suceden sin que parezca que el Gobierno vaya a ceder a las presiones de ninguno de los dos bandos de afectados y ante el silencio de la oposición.
“¿Vamos a desterrar la excelencia en favor de la mediocridad?”
La plataforma de opositores Turno Libre no se había manifestado en Andalucía hasta el 15 de enero. Una nutrida representación del colectivo se reunió en Sevilla para reclamar una vez más que el Gobierno dé marcha atrás con la normativa aprobada para reducir la interinidad en las administraciones públicas por “no pasar los filtros constitucionales”.
Antonio Cantero, Ingeniero Técnico de Minas especializado en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos, desempleado y opositor en la actualidad de Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, explica que la ley recientemente aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez parte de un error de interpretación de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“Efectivamente el TJUE reconoce que hay un abuso de la temporalidad en el sector público en España, pero se dice que es el juez nacional el que debe resolver sobre ese abuso porque es una cuestión de competencia, de acuerdo al Tratado de Lisboa”, explica.
Por otro lado, “el TJUE da una serie de recomendaciones para abordar la situación excepcional creada en España durante años” ante la falta de actuación de los diferentes gobiernos. Pero, subraya Cantero, “solo son recomendaciones, nada más, ni se ordena, ni se dice que haya que convertir a todos los funcionarios interinos en funcionarios de carrera sin pasar por una Oferta Pública de Empleo (OEP), ni reconoce la fijeza como se grita a los cuatro vientos”, explica.
A partir de ahí, comienza un trámite parlamentario que ha estado marcado por fuertes presiones que ha llevado a los grupos parlamentarios a ponerse de parte del colectivo de interinos y facilitar la aprobación de la ley, perjudicando gravemente a miles de opositores que corean en sus concentraciones por toda España consignas como “A quien estudia, el Gobierno no ayuda”.
La plataforma rechaza de plano la medida contemplada en la nueva normativa que permitirá a los trabajadores con más de cinco años de interinidad acceder a una plaza fija sin oposiciones para reducir la temporalidad el 30% al 8% porque le cierra la puerta a miles de aspirantes.
“¿Vamos a desterrar la excelencia en favor de la mediocridad?”, se pregunta. También expresa su preocupación porque tenga una sobrevaloración la experiencia en los concursos oposición porque también afecta a los traslados y la promoción interna. “Conozco a compañeros con 93 puntos en el examen, rozando la excelencia, que han quedado superados en la segunda fase por la antigüedad de los interinos, que aprueban sin despeinarse”, denuncia.
El portavoz de la plataforma reconoce que se sienten desamparados. El recurso contencioso administrativo tiene un coste de hasta 3.000 euros que, en muchos casos, no es asumible. Y, en el ámbito político, “Vox anunció un recursos de inconstitucionalidad, pero es mejor que no porque solo quiere beneficiar a los interinos”. Pero sí valora la posibilidad de explorar la responsabilidad patrimonial porque hay gente que ha invertido mucho tiempo y dinero y, por decisión de la Administración, no podrá disputar una plaza en igualdad de condiciones y eso, concluye, habrá que compensarlo.
“No hemos entrado por la cara ni somos unos enchufados”
Francisco José Pons ha conseguido expresar su queja y su petición sobre el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Miembro de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad (Asepat-Cádiz), considera insuficiente las mejoras introducidas en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de 28 de diciembre. La nueva normativa permite a los trabajadores con más de cinco años de interinidad acceder a una plaza fija sin oposiciones, con el objetivo de reducir del 30% actual al 8% la cantidad de puestos temporales en la administración pública.
“Han hilado fino para callarnos la boca”, apunta Pons. Él mismo, empleado en el servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Rota encadenando contratos desde hace más de 20 años, se puede acoger a esta medida. “Pero no me parece justo para con el resto de compañeros”, remarca. Solo en su Consistorio son unos 250 interinos, y, en total, en España, unos 800.000, aunque el Gobierno de coalición insiste en que no llegan a más de 300.000.
“¿No sé de dónde sacan esa cifra los ministros de Función Pública?”, se pregunta sin ocultar la indignación porque considera que el Ejecutivo “no está teniendo en cuenta a las personas que están detrás de los números”.
“Hay muchos intereses cruzados”, reconoce, que tratan de enfrentar al colectivo de interinos con el turno libre, cuyos miembros, lamenta, “no entienden nuestros argumentos aunque nosotros sí comprendamos los suyos, y pierden de vista que en la Administración cabemos todos porque en los próximos años se van a jubilar un buen número de funcionarios”.
Pons remarca que, en cualquier caso, “no somos unos enchufados ni hemos entrado por la cara” como se esgrime con ligereza. Él mismo accedió por medio de un examen y ha tenido que pasar hasta tres pruebas más pero su plaza siempre ha sido temporal. Ese es el problema. “Basta con tener voluntad política, pero no la ha habido en ninguna administración; todas han creado este lío y ahora nos tratan de culpar a nosotros”, lamenta.
En este sentido, recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público recoge que la plaza debe convocarse el mismo ejercicio en que se ocupa o, como máximo, en tres años; lo contrario es abuso, concepto que solo ha comenzado a contemplar desde el verano pasado por sentencia del Tribunal Supremo.
Por todo ello, el portavoz de Asepat-Cádiz solicitó a la Comisión de Peticiones de la UE que imponga la sanción correspondiente si España continúa incumpliendo la directiva 1999/70/CE para reducir de una sola vez la temporalidad.
