La violencia de los combates en el estado venezolano de Apure (fronterizo con Colombia) no deja de crecer y la Fuerza Armada, que combate a disidentes de las FARC, se ha visto obligada este martes a enviar más efectivos, mientras se expande un manto de opacidad que ha llevado incluso a no hacer público el número de bajas.

Las rendijas de información en la zona las abren las diferentes organizaciones que trabajan sobre el terreno y que facilitan datos, casi siempre incompletos, pero que se consolidan con pequeñas informaciones oficiales.

La última la dio este martes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos, quien informó en su Twitter de que han "incrementando el pie de fuerza" en Apure, "ejecutando operaciones para combatir y expulsar a los grupos irregulares narcotraficantes terroristas colombianos".

Sin embargo, no detalló el número de uniformados enviados o los cuerpos a los que pertenecen. Tampoco confirmó si combaten miembros del cuerpo de élite de la Policía (FAES), acusados de ejecuciones extrajudiciales y cuya disolución ha pedido la ONU.

SIN CONFIRMACIÓN DEL ENEMIGO

La definición de "grupos irregulares", con distintos adjetivos que siempre incluyen el "colombianos", es la que se ha extendido sin que las fuerzas militares o fuentes oficiales confirmen a quien combaten desde el pasado 21 de marzo.

En varias fotos difundidas por la FANB pueden observarse uniformes incautados a los combatientes que tienen los logos y siglas de la antigua guerrilla de las FARC, lo que coincide con las denuncias de varias ONG en la zona que aseguran que los militares combaten a disidentes de ese grupo armado que no se acogieron al proceso de paz.

Las denuncias no son nuevas, pues diferentes organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al estudio del conflicto armado colombiano han denunciado, desde ambos países, que Venezuela es refugio tanto de guerrilleros del ELN como de disidentes de las FARC, que no conforman uno solo grupo sino que constituyen distintas bandas, en ocasiones, enfrentadas entre sí.

Sin embargo, los datos de los combates no solo no son ofrecidos por las fuentes oficiales o castrenses, sino que se impide el trabajo de la prensa, sin permiso de acceso a la zona.

Además, la selvática geografía de Apure, la escasez de gasolina y la pandemia, que ha llevado a cortar el tránsito entre estados por semanas, dificulta la llegada a la zona.

NÚMERO INDEFINIDO DE MUERTOS

Entre el 21 de marzo y el 5 de abril, murieron ocho militares y nueve "terroristas", según un balance ofrecido en la segunda fecha. Desde entonces se vivió lo que parecían momentos de paz hasta el pasado jueves, cuando comenzaron de nuevo los combates pero se desconoce el número de muertos.

Este lunes, la FANB emitió un comunicado en el que confirmaba la muerte de varios militares, pero no detallaba el número de fallecidos ni de heridos, por lo que se desconoce el saldo total.

Del mismo modo, aseguraron que han "infligido un importante número de bajas" entre sus rivales, "logrando la destrucción de instalaciones temporales que pretendían usar para sus actividades delictivas", pero tampoco determinaron cuántos han perdido la vida.

La publicación de esa información coincidió con un informe de Human Rights Watch (HRW), en el que acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros "abusos aberrantes" contra la población de Apure en el marco de los combates fronterizos.

"Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de (el presidente Nicolás) Maduro", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.

Tras los nuevos enfrentamientos de los últimos días, la oposición ha reiterado su llamamiento a la ONU para que envíe una misión a Apure.

El grupo opositor que Juan Guaidó sugirió "la implementación de una política de Estado fronteriza para que los conciudadanos se sienten seguros en su territorio", después de que unos 6.000 habitantes de la zona en combate huyeran a Colombia por los enfrentamientos.

Del mismo modo que con los combates, ninguna fuente local, oficial o militar venezolana había informado del desplazamiento hasta que, a principios de abril, el vicepresidente de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró que había comenzado el retorno de los ciudadanos venezolanos, sin facilitar tampoco datos de su huida.

En ese contexto de opacidad, sin datos sobre el terreno, sin la posibilidad del ingreso de la prensa y con información difundida con cuentagotas, se recrudecen unos combates cuyo fin parece lejano.