Los casos Gürtel, Millet, Palma Arena o los investigados en El Ejido o Santa Coloma de Gramanet han hecho saltar las alarmas sobre un problema que había ido desapareciendo de la lista de preocupaciones de los españoles en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La última de estas encuestas, realizada entre el 7 el 14 de octubre, cuando aún no se conocía la presunta trama corrupta catalana investigada en la operación Pretoria, situaba la corrupción como el noveno problema de España, al ser citado por el 5,2% de los ciudadanos.

Hay que remontarse hasta noviembre de 1996 –cuando era nombrado por el 7,2% de los consultados– para encontrar porcentajes por encima del 5%.

A partir de entonces la corrupción llegó a situarse en índices inferiores al 1%, muy lejos de las tasas superiores al 30% que se alcanzaron en la primera mitad de la década de los noventa.

Fue entonces cuando los casos de corrupción política y financiera situaron este problema entre las principales preocupaciones de los españoles, cansados de despertarse con demasiada asiduidad con noticias de investigaciones sobre todo tipo de irregularidades, no sólo en la vida política.

Desde el caso Filesa al caso Banesto, pasando por el caso Cañellas, los implicados en estas tramas de fraude y corrupción llenan hoy folios y folios de documentación, entre los que se puede encontrar a ministros, delegados del Gobierno, banqueros, alcaldes, empresarios, comandantes, presidentes autonómicos, fiscales o gobernadores del Banco de España.

Tras la llegada al Gobierno del PP, en marzo de 1996, la percepción sobre la corrupción como un problema fue descendiendo entre los ciudadanos, una situación que se ha mantenido, con algunas variaciones, hasta principios de este año, con un cambio de tendencia que el último barómetro del CIS parece confirmar.

Ante esta situación, los partidos han querido dejar claro que no todos los políticos son iguales ante la corrupción y se han empezado a tomar medidas para poner freno a este tipo de prácticas.

En Cataluña, el Ejecutivo de Jose Montilla reformará la Ley de la Sindicatura de Comptes antes de fin de año y potenciará la Oficina Antifraude.

El Gobierno central, por su parte, aprobó el viernes un proyecto de reforma del Código Penal que tipifica por primera vez la corrupción entre particulares.

Además, aprovechará la nueva Ley de Régimen Local para impulsar mecanismos de rendición de cuentas, control de patrimonio y asunción de responsabilidades ante la gestión para evitar casos de corrupción en los ayuntamientos.

Por su parte, PSOE y ERC han acordado recientemente en el Congreso, con el apoyo de todos los grupos y a través de una moción presentada por los republicanos, endurecer las penas para delitos de corrupción pública y privada, así como incrementar los controles y la transparencia en el sistema de financiación de los partidos.

En el debate de esta moción, el diputado del PSOE Julio Villarubia manifestó el compromiso y la voluntad “inequívoca” del Gobierno y de su partido de luchar contra la corrupción con todas las armas del Estado de Derecho.