La multinacional estadounidense Google confirmó hoy a Efe que ha suspendido un polémico programa para mejorar su técnica de reconocimiento facial por el que pagaba 5 dólares a personas sin techo y estudiantes a cambio de que cediesen su imagen.

La controversia se desató la semana pasada en Atlanta (Georgia, EE.UU.) cuando se reveló que Randstad, la agencia a la que Google había subcontratado para recabar imágenes tridimensionales de las caras de distintas personas, estaba dirigiéndose de forma expresa a personas sin techo y estudiantes.

A estos les compensaba con una tarjeta regalo por valor de cinco dólares y a cambio obtenía los rostros de personas en su mayoría pertenecientes a minorías, sobre todo afroamericanos, que era precisamente el objetivo del programa, ya que los sistemas de reconocimiento facial han sido acusados en múltiples ocasiones de ser poco diversos racialmente.

Según lo publicado por la prensa local, los trabajadores de Randstad habían recibido órdenes de "no ser claros" en su comunicación con la gente a quien tomaban las fotografías en tres dimensiones con respecto a los fines para los que estas serían usadas.

Estas revelaciones llevaron a la fiscal municipal de Atlanta, Nina Hickson, a quejarse a Google con una carta en la que aseguraba que "la posibilidad de que miembros de nuestras poblaciones más vulnerables estén siendo explotados para el progreso de los intereses comerciales de su compañía es muy alarmante por varias razones".

Según lo publicado, Google habría intentado lograr más diversidad de caras con la vista puesta en el lanzamiento de su nuevo modelo de teléfono inteligente, el Pixel 4, que presentará a mediados de este mes y en el que el reconocimiento facial está llamado a jugar un papel destacado.

Los críticos con las técnicas de reconocimiento facial argumentan que estas pueden perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas, ya que se ha probado que tienden más al error con personas de piel oscura.

Un estudio llevado a cabo el año pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EE.UU. (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.