Las ayudas económicas de las que se ha beneficiado España desde 1986 para ponerse al nivel del resto de países europeos comenzarán a tocar fondo en 2014, año en que entrará en vigor un nuevo presupuesto que volcará las contribuciones hacia los últimos socios en incorporarse a la UE.

España es el segundo país, por detrás de Polonia, que recibirá más fondos de cohesión –alrededor de 31.000 millones de euros– hasta 2013 y a partir de entonces, pasará al club de los estados ricos de la UE, una vez que su nivel de renta y desarrollo se ha situado por encima de la media.

Todas las Comunidades Autónomas tienen ya índices de riqueza por encima del 75% de la media de la UE, el listón por debajo del cual se sitúan las regiones catalogadas como Objetivo de convergencia –antiguo Objetivo 1– con derecho a recibir fondos.

En 2005, superaron el umbral Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y Extremadura ha sido la última en hacerlo con los datos económicos de 2008.

Hasta dentro de cuatro años y al igual que otros territorios como Canarias, Castilla y León, Asturias, Ceuta y Melilla, continuarán siendo receptores de los Fondos Estructurales y de Cohesión, los dos principales instrumentos de solidaridad financiera de la UE.

Los Fondos Estructurales engloban el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), dos siglas ya familiares en numerosos pueblos de España beneficiados por estas ayudas.

Su fin es fomentar la convergencia económica y social de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas y generar oportunidades de empleo.

El Fondo de Cohesión prima a los países con una riqueza inferior al 90% de la media comunitaria y está encaminado a mejorar las infraestructuras y proteger el medio ambiente.

Para que la pérdida de fondos no fuera tan brusca una vez tocado el techo de riqueza, España convenció en el año 2005 a los socios europeos para disponer las ayudas transitorias hasta el próximo 2013 en las tres categorías de objetivos: Convergencia, Competitividad regional y empleo y Cooperación territorial.

En el total de ayudas, se incluye una partida de 2.000 millones destinada al déficit tecnológico que aún arrastra España en comparación con países como Alemania o Francia.