La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México aprobó hoy un amparo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a abrir las investigaciones sobre las matanzas de migrantes extranjeros ocurridas ente 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de los Zetas en un rancho del municipio de San Fernando, estado nororiental de Tamaulipas, y durante 2011 se encontraron fosas con decenas de cuerpos más.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN instruyó a la PGR a entregar copias de las averiguaciones a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano, respectivamente, en las matanzas.
Familiares de las víctimas han solicitado acceso al expediente de las matanzas desde hace más de cinco años.
El fallo de la SCJN otorga a Bertilia Parada, madre de Carlos Osorio, y Alma Yesenia Releageño, hermana de Manuel Antonio, el derecho a ser tratadas como víctimas y no realizarse exámenes de ADN para demostrar sus vínculos con su hijo y hermano.
El amparo otorgado a las salvadoreñas les permite también sacar copias y peritajes sobre los hechos, y reconoce su derecho a la reparación del daño.
Sin embargo, la Corte rechazó la petición de las litigantes contra de la cremación de los restos de sus familiares y no aceptó reconocer como víctima e interesada legalmente para conocer del asunto a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, representante legal de las mujeres.
Tampoco reconoció que el asesinato de migrantes, la mayoría centroamericanos, entre 2010 y 2011 en San Fernando constituye un delito contra la humanidad.
Amnistía Internacional (AI) sostuvo este miércoles en un comunicado que la falta de avances en las investigaciones sobre la matanza de agosto de 2010 en San Fernando es una muestra más de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país.
"El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años", afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse el martes con familiares de las víctimas.
Desde que ocurrió la masacre, señaló AI, las pesquisas realizadas han sido insuficientes y los familiares siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad.
A ello se suman graves fallos en el proceso de identificación y entrega de restos, lo que ha llevado a los familiares a tener serias dudas y exigir la revisión de sus casos, añadió.
Los familiares de las víctimas, en total 16 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, también se reunieron ayer con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín.
En la reunión se acordó registrar a los 16 familiares como víctimas indirectas del caso en el Registro Nacional de Víctimas e iniciar el proceso de reparación integral en los casos en que ésta proceda.
